Los diputados de la Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli), Carlos Langrand y Javier Vallejos, adelantaron su rechazo a la iniciativa que reforma la Ley Antidroga (Ley 735), la cual, a su criterio, es violatoria a la autonomía municipal, resta atribuciones a la Asamblea Nacional y subordina la lucha del país contra las drogas a la autoridad del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
El diputado Langrand manifestó que esta reforma se contradice con las leyes de autonomía municipal, porque está derogando las expresiones de descentralización a nivel local, en la lucha contra el crimen organizado y la narcoactividad.
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“Creemos nosotros que le están quitando facultades al territorio y es contradictorio porque quienes conocen de primera mano la narcoactividad y el crimen organizado son las personas en el territorio, entonces queda una gran duda de las verdaderas razones que hay detrás de esta reforma”, manifestó el diputado Langrand.
El presidente inconstitucional Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional este miércoles una reforma parcial a la Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados (Ley 735).
La iniciativa deroga los artículos 7 y 8 de esta Ley, referidos a la Integración de los Consejos Departamentales, Regionales y Municipales y a las Funciones de los Consejos Departamentales, Regionales o Municipales, respectivamente.
ADIÓS, CONSEJO NACIONAL
Además la iniciativa de reforma desaparece el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado y ahora su nueva integración está pendiente de la decisión del presidente Ortega a través de la reglamentación de la Ley.
Al diputado Langrand le parece que el gobierno de Ortega está concentrando todas las atribuciones referidas a la prevención e investigación de la narcoactividad y el crimen organizado para ocultar la información sobre esta materia.
También el diputado Vallejos, presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional considera que el objetivo de la reforma es concentrar más poder en el ejecutivo y actuar con discrecionalidad en ese tema, porque solo la Presidencia podrá conocer sobre el trabajo del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado.
El diputado Vallejos agregó que la reforma le quita la atribución al legislativo de conocer o pedir informes sobre la lucha contra el crimen organizado.
El Consejo Nacional contra el Crimen Organizado integra actualmente a un diputado de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, pero eso desaparecería con la reforma propuesta por el ejecutivo.
LEY 735 EN LA ACTUALIDAD
En la Ley 735 actual, el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado está integrado por el ministro de Gobernación, quien lo preside y representa; el fiscal general de la República, quien será el vicepresidente y en ausencia del presidente lo preside, además de un diputado miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional; el director general de la Policía Nacional; el presidente de la Corte Suprema de Justicia; el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua; el procurador general de la República; el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros ministerios.