Mined y FSLN desconfían de amenazas a maestros en Ayapal

El profesor García es un hombre de 59 años, de los cuales 23 los ha dedicado al Magisterio. Imparte la asignatura de Ciencias Naturales en la secundaria de Ayapal y aseguró el pasado viernes a LA PRENSA en Ayapal, que son 2,120 niños los que no están recibiendo sus clases.

El profesor Julio César García asegura que unos 53 profesores de comunidades rurales de Ayapal, en San José de Bocay, no han podido impartir clases por las amenazas de los grupos armados. LA PRENSA/O. NAVARRETE

El profesor Julio César García cierra sus ojos vivaces varias veces y con nerviosismo, pero con mucha propiedad, detalla que son 53 profesores de comunidades rurales de Ayapal, microrregión del norteño municipio de San José de Bocay, que no están impartiendo clases porque grupos de armados, que aseguran estar alzados en contra del Gobierno, les impiden ejercer sus labores.

El profesor García es un hombre de 59 años, de los cuales 23 los ha dedicado al Magisterio. Imparte la asignatura de Ciencias Naturales en la secundaria de Ayapal y aseguró el pasado viernes a LA PRENSA en Ayapal, que son 2,120 niños los que no están recibiendo sus clases.

“Los maestros fueron amenazados desde el año pasado —cuenta García—. (Los grupos armados) les dijeron que si trabajaban iban a tener problemas y que por tanto no se presentaran a su centro educativo, ellos hicieron caso omiso y dijeron ‘vamos a ver si es verdad’ y se presentaron este año a su centro escolar y al siguiente día llegaron a avisarle que por favor dejaran de operar, de trabajar, porque la zona estaba muy conflictiva y los maestros se llenaron de pánico, de miedo y se vinieron”. Lea también: Temen represalias de Policía y Ejército en Nicaragua

“VÁYANSE A TRABAJAR, EN CUESTIÓN DE DÍAS SE SOLUCIONA ESO”

García cuenta que este año, antes de comenzar las clases, los profesores asistieron a una capacitación del Ministerio de Educación en San José de Bocay y le plantearon al secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) lo que estaban viviendo.

“Mire, señor secretario político, nosotros estamos en riesgo, nosotros no vamos a trabajar mientras el Ministerio de Educación no resuelva este problema”, le dijo un profesor, según García, quien estuvo presente en esa reunión.

“Muchachos maestros —respondió el secretario político—. No se presten al juego de la derecha, porque para nosotros es un juego político… los están utilizando para decir y poner de relieve que este Gobierno está haciendo mal las cosas”.

De acuerdo con García, antes de terminar su relato el secretario político del FSLN les dijo a los profesores: “Muchachos, váyanse a trabajar, que esta cosa es de días (para que se solucione), por eso están los compañeros del Ejército que van a limpiar la zona”. Y sí comenzaron a limpiar. “El Ejército se metió ahí, hubo unos asesinatos, unas masacres, un hijo de un tal Santiago, que opera en la zona (como armado), fue asesinado, según la información de la misma población”, dijo García. El Ejército y el Gobierno aseguran que estos grupos que operan en la zona son delincuenciales dedicados al tráfico de drogas y al abigeato y que no se han alzado por motivaciones políticas.

¿QUIEREN LA CABEZA DE UN PROFESOR COMO PRUEBA?

Una semana después de la reunión en la que el secretario político del FSLN los persuadió para que continuaran dando clases, los profesores perjudicados hicieron una carta y fueron a buscar a la delegada del Mined a San José de Bocay para que les brindara una audiencia. “La señora, muy delicada, no los quiso atender de inmediato y les dijo, ‘yo no creo (eso que ustedes cuentan) hasta que mire una prueba’”. 

Fue después de esa respuesta que un maestro se levantó y le dijo a la delegada del Mined: “¿Qué más prueba quiere, maestra? ¿La cabeza de un maestro? Si usted no quiere creer, vamos a la zona y se dará cuenta de lo que pasa”.

Desde ese día nada ha pasado. Los maestros no asisten a las escuelas a impartir clases. Según García, algunos han sido reubicados en otras escuelas, pero la mayoría continúa a la deriva con miedo a que en cualquier momento el Mined les cancele sus contratos.

LA PRENSA buscó desde hace dos semanas a las autoridades del Mined, la Policía y el Ejército en la zona, pero no se obtuvieron respuestas.

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