Para la socióloga Pamela Neumann, de la Universidad de Texas en Austin Estados Unidos, quien realizó un análisis sobre la aplicación de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia Las Mujeres o Ley 779, las mujeres víctimas de violencia, que recurren en busca de justicia “sufren violencia institucional” en las distintas instancias involucradas.
Además las obligan a mediar con su agresor y hay “una actitud de desprecio a su relato”, departe de los oficiales de policía que encima la obligan a que aporte sus pruebas para el caso, en vez de investigar.
Este estudio se realizó entre junio del 2012, fecha que entró en vigencia dicha ley, hasta diciembre del 2014, este período incluye 10 meses de trabajo de campo en el Distrito Seis de la Policía Nacional de Managua, aseguró Neumann.
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Según la socióloga durante el estudio encontró cuatro prácticas de parte de las instituciones estatales, que dificulta el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia entre estas están: la presión para mediar en la Comisaría de la Mujer, en la Fiscalía y los Juzgados.
“Hombres y mujeres no somos iguales en términos de poder, entonces no puede haber mediación entre desiguales. Es una violencia institucional que revictimiza a las mujeres”, expresó la investigadora.
PAGAN INVESTIGACIÓN
La otra práctica institucional es desgastar a la denunciante de violencia al obligarla a buscar su propia prueba para documentar la denuncia, en vez de investigar.
“Las mandan a reproducir videos, fotos y hasta pagar el transporte de los oficiales para que vayan al barrio a investigar”, dijo Neumann, quien durante la investigación de campo entrevistó a 38 mujeres, a las que acompañó en su proceso.
Otras limitantes que ponen las instituciones es que los funcionarios utilizan lenguaje técnico que las mujeres no entienden, y se quedan con las dudas de qué será o no una prueba. Además tienen que llegar a las 5:00 a.m al Ministerio Público para ver su caso, ya que solo atienden hasta la 1:00 pm.
“Si estas entre las primeras 15 mujeres que llegaron, tenés la posibilidad de ser atendida, de lo contrario vas a llegar al siguiente día. No entiendo porque tienen ese horario tan limitado si la violencia se da todo el día, está espera desalienta a las mujeres y desisten de su denuncia”, expresó la socióloga.
Otra práctica institucional que interviene en la decisión de la mujer violentada a seguir o no con su denuncia es que los funcionarios que las atienden toman partido a favor del acusado y tienen una actitud de sospecha y desprecio al testimonio de la mujer, dice Neumann en los resultados de su estudio.
“La mujer no va porque las instituciones no creen lo que cuentan. Para una efectiva aplicación de la Ley 779 hace falta recursos económicos y una buena actitud hacia las víctimas, de parte de quienes la deben aplicar”, agregó la estudiosa.
DISMINUYE CONFIANZA
Según la socióloga Pamela Neumann aún falta conocimiento de la Ley 779 y de los derechos de la mujer. Además con las reformas vía decreto presidencial a dicha normativa ha generado desconfianza de parte de las mujeres víctimas hacia el sistema, porque han visto que han “debilitado la ley”.
La investigadora también destacó la importancia de dar acompañamiento a las víctimas por asesoras legales porque asegura el resultado de la denuncia, en cambio cuando va sola desisten y se sienten vulnerables.