Una magistrada del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil mantuvo este martes suspendido el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de gabinete de Dilma Rousseff, bloqueado por otro juez.
La decisión de la juez Rosa Weber mantiene igualmente vigente, hasta que un plenario del STF falle definitivamente sobre el tema, la decisión de devolver al juez de primera instancia Sergio Moro las acusaciones contra Lula por presunta corrupción en el caso de la petrolera estatal Petrobras.
Weber “no analizó el mérito” del recurso de hábeas corpus presentado por los abogados de Lula, limitándose a reafirmar que solamente un plenario del STF puede modificar una decisión de uno de sus jueces, indicó a la agencia Afp la asesoría de prensa del Supremo.
PRÓXIMA SEMANA
La próxima reunión plenaria del STF está prevista para el miércoles de la próxima semana, recordó la asesoría, sin precisar si ese asunto figuraría en el orden del día.
Rousseff nombró a Lula como ministro de la Presidencia, la cartera más importante de su Gobierno, el pasado miércoles, aunque al día siguiente el nombramiento quedó en suspenso por una cascada de demandas ante los tribunales.
El viernes pasado, el magistrado del Supremo, Gilmar Mendes, denegó el nombramiento y alegó que la decisión se realizó “claramente” con el propósito de “impedir” un posible arresto de Lula por las causas por las que es investigado. Además que como ministro solo puede ser investigado con autorización del STF.
La Fiscalía acusó a Lula formalmente de los delitos de lavado de dinero y falsificación por supuestamente haber ocultado que es dueño de un apartamento de lujo en un edificio de una constructora implicada en las corruptelas del caso Petrobras.
ROUSSEFF: “NO RENUNCIARÉ”
La presidenta Rousseff, amenazada por un juicio de destitución, aseguró este martes que nunca renunciará y denunció que en el país se “está produciendo un golpe contra la democracia”.
La gobernante, de 68 años, habló en un acto en el Palacio de Planalto, ante un centenar de abogados y juristas contrarios al juicio político que el Congreso estudia abrirle por presunta manipulación de las cuentas públicas.
“No cometí ningún delito previsto en la Constitución y las leyes para justificar la interrupción de mi mandato”, aseveró la mandataria.