Es oportuno recordar la posición oficial de la Conferencia Episcopal sobre el problema político e institucional de Nicaragua, y reflexionar sobre ella.
Los obispos fijaron esa posición en la carta que le entregaron a Daniel Ortega el 21 de mayo de 2014, y no la han cambiado, seguramente porque la crisis de las instituciones del país sigue igual o ahora está peor que cuando aprobaron aquel histórico documento.
Todo lo que los obispos dijeron en mayo de 2014 sobre el problema institucional de Nicaragua es de primordial importancia, pero mencionaremos solo algunos fragmentos que valoramos como principalmente relevantes:
“El tema de la institucionalidad no es marginal en un estado democrático, el cual solo es posible en un Estado de Derecho, en donde el ejercicio del poder está sujeto a la ley y se caracteriza por la independencia y separación de los poderes del Estado, la observancia irrestricta a la ley sin privilegios ni excepciones y el respeto absoluto a la soberanía popular.
“No es verdad que se pueda asegurar un desarrollo económico y social sostenible y una paz duradera sin instituciones sólidas, erradicación de la corrupción y respeto a la legalidad.
“El respeto y la fortaleza de la institucionalidad no solo es indispensable, sino que adquiere carácter de urgencia política, pues somos un pueblo con una memoria relativamente reciente de lucha antidictatorial motivada por el cierre de los espacios democráticos y, al mismo tiempo, lamentablemente somos un pueblo con una cultura política marcada por las ambiciones de poder, el mito de los caudillos mesiánicos y los fraudes electorales. No podemos olvidar la historia.
“Desalienta la ausencia de un liderazgo de calidad y comprometido que norme la acción política, en la que todo parece estar al servicio de personas, grupos de poder y de partido, en detrimento del bien común.
“Las instituciones no deben ser instrumentos en manos de quien gobierna para transformar sus abusos y ambiciones de poder en formas y actuaciones legalmente justificadas. La ley sigue siendo paradójicamente un mecanismo para legitimar abusos y para hacer pasar por legal lo que es ilegal.
“Nicaragua es de todos los nicaragüenses, no de unos pocos. En la democracia todos, sin distinción, tenemos una voz que decir y una responsabilidad irrenunciable de contribuir a la justicia y a la paz. Es fundamental escuchar a los grupos sociales que no están en el poder.
“Le pedimos con todo respeto (al presidente Daniel Ortega) que ofrezca su palabra de honor para garantizar en el 2016 para Nicaragua un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto, con nuevos y honorables miembros al frente del CSE, en el que brille sin ningún tipo de duda, la voluntad popular; con un sistema de cedulación independiente del mismo CSE que le garantice a cada nicaragüense su cédula en tiempo y forma antes de las elecciones; y con un proceso electoral abierto irrestrictamente a observadores de instituciones nacionales y extranjeros”.
Es confortante saber que la Conferencia Episcopal no ha renunciado a esas reflexiones proféticas, las cuales alientan la esperanza en que es posible una Nicaragua nueva, libre y democrática, y llaman a luchar cívicamente por ella.
