Ayudada por dos hombres, Gloria Lara sube sus muebles en un camioncito. Como ella, más de 20 familias huyeron tras recibir un ultimátum de la Mara 18: “va a haber vidas caídas”, desalojen sus casas en San Pedro Sula, norte de Honduras.
“Ya no se puede vivir aquí, mucho molestan” los mareros (pandilleros), afirma la mujer de 40 años a la AFP, identificándose con nombre ficticio, mientras los hombres suben también un congelador y otras escasas pertenencias a un destartalado vehículo, desde una vivienda pobre de paredes de concreto y puertas y ventanas amuralladas con barrotes de hierro.
SENTENCIA DE MUERTE
Una sentencia de muerte distribuida el lunes pasado en un papel por miembros de la Mara 18 en tres viviendas se regó como pólvora en el Reparto Lempira de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras, 240 km al norte de la capital.
“Atentamente de la Mara 18, les damos 24 horas para que se hagan humo (se vayan) de esta área, después no vayan a lamentar, van a haber vidas caídas”, dice el mensaje escrito en computadora.
El martes los camiones de mudanzas se estacionaron a lo largo de dos hileras de viviendas en la calle principal de la barriada de clase trabajadora y cargaron apresurados las pertenencias de cada familia.
Los pastores de cuatro iglesias evangélicas se sumaron al éxodo, así como los dueños de dos talleres de estructuras de hierro.
Horas más tarde, cuando partían los últimos camiones, apareció cerca de un centenar de efectivos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y otros policías a patrullar las calles lodosas y con pozas por lluvias recientes.
“Estamos invitando a la población que retorne a su hogar, a las familias que hayan abandonado”, llamó a través de radios locales el coronel Tito Livio Moreno, comandante de la Brigada 105 de las Fuerzas Armadas, con jurisdicción en la zona.
Pero Gloria y otros vecinos, como Délfida López, no se detuvieron y se agregaron a la estampida de vecinos.
“Me voy a trasladar a la colonia Flor de Cuba. Ya mis (cinco) hijos se fueron, ¿qué voy a quedar haciendo sola aquí?”, pregunta Délfida, de 58 años, cuya pobreza no le permitió contratar un vehículo sino un carruaje maltrecho tirado por un avejentado caballo para transportar las tablas de desechos que formaban su deplorable vivienda. “Aquí da miedo… si se fija, no hay ninguna pulpería, todas las cerraron los mareros”, lamenta.
“Este parece un pueblo fantasma, reconoce un suboficial del destacamento militar que tomó un taller de estructuras metálicas como cuartel general.
El subteniente Selkin Arita, de la PMOP, reconoce que “los pandilleros tienen atemorizada a toda la población, pero estamos aquí para restablecer el orden”. “Vamos a estar aquí 24/7 los 365 días del año”, complementa un suboficial. Arita explica a la AFP que los pandilleros exigieron a los vecinos desalojar las viviendas de la calles principal porque quieren convertir la vía en la frontera de los territorios que controlan la 18 y la pandilla rival Mara Salvatrucha (MS-13) para la venta de drogas y extorsiones.
“De este lado está la 13 y del otro la 18”, explica el militar.
Este jueves, unas 30 familias también huyeron de la colonia Las Torres, en el sur de la capital, luego que los pandilleros les mandaran una nota similar, dándoles 48 para desalojar sus vivienas en esa barriada pobre.
Igual que en San Pedro Sula, los vecinos contrararon vehículos y subieron de prisa lo que pudieron para escapar y buscar un lugar de menor riesgo.
Miembros de otro contingente policial acudieron en axilio pero el éxodo no se detenía.
INTIMIDACIÓN POR LA IMPUNIDAD
El coordinador de la ONG Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera, dice que “intimidación de los mareros” a la población en San Pedro Sula es “consecuencia de la impunidad generalizada que prevalece en el país”, donde “solamente el 4% de las personas que cometen delitos llegan a juicio.
Según informe de noviembre del 2015 de la institución estadounidense InSight Crime y la hondureña Asociación por una Sociedad Más Justa, en San Pedro Sula la 18 opera en 22 barrios y colonias y la MS-13 en 11. Mientras, en la capital Tegucigalpa la 18 controla 150 barrios y colonias y la MS-13 está en 70.
Agrega que las pandillas violentas han existido por décadas en Honduras pero a partir de los años 90 ambas agrupaciones se consolidaron como “fuerzas dominantes”, producto de la llegada de deportados desde Estados Unidos, causando “un repute en la violencia”.
Recuerda que la tasa de homicidios se elevó en el 2014 en San Pedro Sula a 140 por cada 100.000 habitantes y 81 en la capital, entre las más altas de mundo.
Según la embajada de Estados Unidos, ambas pandillas tendrían unos 36,000 miembros pero otras instituciones consideran que tienen mucho menos.
