En este segundo trimestre del año la Asamblea Nacional reiniciará el proceso de elección de un nuevo procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y llevará a cabo la reforma parcial a la Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados, conocida también como Ley Antidrogas (Ley 735).
Desde ya diputados opositores y analistas políticos critican la reforma a la Ley Antidrogas, considerando que resta atribuciones a la Asamblea Nacional y subordina la lucha del país contra las drogas a la autoridad del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
CENTRALIZACIÓN EN EL EJECUTIVO
La iniciativa deroga los artículos 7 y 8 de esta Ley, referidos a la Integración de los Consejos Departamentales, Regionales y Municipales y a las Funciones de los Consejos Departamentales, Regionales o Municipales, respectivamente.
Además la iniciativa de reforma desaparece el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado y ahora su nueva integración está pendiente de la decisión del presidente Ortega a través de la reglamentación de la Ley.
“Creemos nosotros que le están quitando facultades al territorio y es contradictorio porque quienes conocen de primera mano la narcoactividad y el crimen organizado son las personas en el territorio, entonces queda una gran duda de las verdaderas razones que hay detrás de esta reforma”, manifestó el diputado Carlos Langrand, de la Bancada opositora Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli).
La iniciativa de reforma a la Ley Antidrogas fue enviada por el presidente inconstitucional Daniel Ortega a la Asamblea Nacional el pasado 16 de marzo, pero aún no ha sido remitida por la Junta Directiva a la correspondiente Comisión para su discusión y consulta.
PROCESO DE ELECCIÓN DEL NUEVO PROCURADOR
Por su parte, la elección del nuevo procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, debido a la renuncia de Omar Cabezas a ese cargo, sería el tercer proceso de elección de un funcionario en estos primeros tres meses del año en la Asamblea Nacional.
Los diputados oficialistas eligieron antes a dos magistradas del CSE, Mayra Salinas y Norma Moreno, luego de la renuncia de Johnny Tórrez y José Luis Villavicencio.
Salinas y Moreno, al igual que Tórrez y Villavicencio, son dos destacadas militantes del FSLN.
DEMUESTRAN INESTABILIDAD
Para el exdiputado y analista político José Pallais Arana, los cambios de funcionarios en el gobierno de Daniel Ortega son reflejo de la inestabilidad y la falta de organización de esta administración.
“La rotación constante que se ha visto a lo largo de estos años (durante el gobierno de Ortega), más bien indicaría una inconsistencia de que la decisión se debe a cuestiones personales o que me cae bien, (pero) no hay una lógica de estabilidad que es necesaria para impulsar una política coherente de Gobierno”, manifestó Pallais.
ACUERDO BELARUS
En la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional está pendiente la consulta del Decreto de aprobación del Acuerdo de Cooperación entre Nicaragua y el Gobierno de la República de Belarus en el ámbito de la agricultura y otro decreto con este mismo país europeo sobre la Exención de los Requisitos de Visados para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos Oficiales y de Servicio.
