El pasado 9 de marzo Ernesto Herrera, secretario de Organización del Partido Liberal Independiente (PLI) en El Cuá, Jinotega, fue interrogado por primera vez en su vida.
Después de cinco horas de estar detenido sin ninguna explicación, el jefe policial lo mandó a sacar de su celda y comenzó aquel interrogatorio extraño.
—¿Cómo se llama usted? —preguntó el capitán.
—Ernesto Herrera —contestó.
—¿Usted anduvo ayer en (San José de) Bocay?
—Sí, salí de aquí de El Cuá a las 9:00 de la mañana y llegué a las 10:00. Andaba cobrando.
—¿Usted tiene familiares en (Ciudad) Darío?
—No.
—¿A qué va a (Ciudad) Darío?
—No frecuento Darío, de pasada conozco cuando voy a Managua, unas dos veces al año.
—¿Usted viaja mucho a Matagalpa?
—No mucho, pero de vez en cuando sí.
—¿Tiene familia en Jinotega? —prosiguió el jefe policial con el interrogatorio.
—Sí, una hermana.
—¿Tenés algún problema con la Policía en Bocay?
—Que yo sepa ninguno. Ni me hacen daño ni yo les hago daño —contestó Herrera, ya irritado por las preguntas.
Después del interrogatorio Herrera le consultó al jefe policial que si lo habían detenido por ser parte de las estructuras del PLI y por cargar en una mochila unas tarjetas de invitación que entregaría a militantes del partido.
“Usted está en proceso de investigación, el jefe policial de San José de Bocay lo está investigando”, le contestó el policía.
“Esto es un atropello, esto es político por mis actividades en el PLI”, le manifestó Herrera. Fue cuando el jefe policial le soltó aquella frase que le sembró la duda.
“Usted sabe, me dijo, que la Policía se debe al Gobierno. Nos debemos al Gobierno, esté quien esté, nosotros nos debemos a órdenes del Gobierno”.
LO RELACIONAN CON GRUPOS ARMADOS
Herrera tiene 56 años y se moviliza en una moto Raybar ET-150 por comunidades de El Cuá y San José de Bocay, cobrándole a finqueros y campesinos la mercadería fiada que le entregan en dos distribuidoras de El Cua.
Aprovechando su trabajo como cobrador y sus viajes a esas comunidades remotas, Herrera se dedica también a sus labores como secretario de Organización del PLI.
Un día antes de que lo detuvieran había viajado a San José de Bocay a cobrarle unas llantas a la alcaldesa del municipio, Ana Sobalvarro.
“No hablé con nadie en el camino, cuando llegué a la Alcaldía la alcaldesa estaba en una reunión y mientras la esperaba una señora que estaba ahí a la orilla me preguntó cómo estaba la situación de las cédulas aquí en El Cua”, dijo Herrera.
EL ACOSO A UN AUXILIAR DE ALCALDE
Cinco días antes de la detención de Herrera en El Cua, Andrés Cerrato, un auxiliar de alcalde en la comunidad de San Martín de Daka, a ocho horas de camino de la microrregión de Ayapal en el municipio de San José de Bocay, sintió miedo.
A las 5:00 de la mañana tropas militares irrumpieron en su casa.
“Salgan todos si no rafagueamos la casa”, dijeron. Cerrato, su esposa y cuatro hijos salieron de la vivienda.
—Usted sabe muy bien dónde está Santiago (un jefe armado que se moviliza por la zona), dígame y les vamos a pagar —le dijo un militar a Cerrato.
—Mire, yo no sé nada, si quieren registren toda mi parcela y si encuentran algo yo respondo. Por parcelas ajenas yo no respondo —contestó el campesino militante también del PLI, ex Contra y miembro de las comisiones de paz.
Cuando le hicieron la pregunta sobre Santiago, un hijo del campesino estaba en el suelo tirado y con un cañón de AK en la boca, denunció Cerrato. LA PRENSA buscó una versión de las autoridades militares en la zona, pero no fue posible conseguirla.
Cerrato recordó los años ochenta, cuando el Comandante Tigrillo (Encarnación Valdivia, fallecido en 2014), uno de los jefes Contra, lo reclutó para integrarse al ejército de campesinos que combatió al régimen sandinista.
Según Cerrato, ellos son acosados por ser del PLI, por haber sido Contras y porque por la zona de Ayapal se movilizan grupos armados que argumentan tener motivaciones políticas. Las autoridades insisten en que son grupos delincuenciales.
“¿Qué me dijo uno (de los militares)? Te voy a fotiar (tomar una foto) para que te maten. Vení vos, le dijo a un soldado y me fotió junto al soldado, vos vas a salir por medio del internet, me dijo, para que te maten. Luego otro soldado me dijo: ‘No andés saliendo, si te encontramos en el camino te vamos a matar’”, narró el campesino.
“¿Por qué me hacen esto? ¿Solo porque Andrés Cerrato fue Contra? Fui, ahora quiero trabajar para criar a mis hijos”, dijo Cerrato, quien contó que él se ha encontrado por esos caminos de Ayapal a los grupos armados.
Pablo Ramón Cruz, auxiliar de alcalde de la comunidad La Unión, de Ayapal, también ha escuchado de los grupos armados, aunque no los ha visto personalmente.
Sin embargo sabe que la población podría verse afectada porque grupos armados han amenazado con quemar el único medio de transporte (un camión) de la zona que los conecta con Ayapal, si se sigue transportando en esta efectivos policiales y militares.
NUESTRAS ESTRUCTURAS VIVEN ZOZOBRA
Byron Chamorro es el presidente departamental del PLI en el departamento de Jinotega. Las estructuras del partido son a las que le reportan cuando son abordados por autoridades policiales y militares.
“Estamos viviendo momentos de zozobra, sobre todo nuestra gente del lado de El Cuá, San José de Bocay, Wiwilí y Pantasma… están pasando dificultades, tienen presiones, le están violentando los derechos humanos”, dijo Chamorro.
“La zozobra es por los grupos armados, aquí no quieren reconocer que hay grupos armados políticos y en la medida que no quieran reconocer eso este país tendrá más dificultades y zozobra de la que ya tenemos”, expresó.
Según Chamorro, a los miembros del PLI les preguntan por qué andan por un lugar y por otro “hay gente de nosotros que son de la estructura de organización y hoy están en una comunidad y mañana en otra”.
Nosotros queremos hacer la lucha cívica aun con todos los robos de elecciones y abusos que comete este gobierno. Nuestra lucha es cívica y continuaremos luchando cívicamente”, dijo Chamorro.
