Dionisio Díaz García era conocido como el “abogado de los pobres”. Fue asesinado el 4 de diciembre de 2006 en Tegucigalpa, capital de Honduras. Tres años después, un agente de policía y un guardia de seguridad fueron condenados por ese homicidio. Sin embargo, el 7 de abril de 2014 los tres magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hondureña (CSJ) decidieron por unanimidad dejar sin valor la pena. El crimen quedó sin castigo.
Díaz García trabajaba para la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y llevaba varios casos —ya había ganado algunos— relacionados con demandas laborales contra empresas de seguridad que se negaban a pagar a guardas despedidos. Asimismo representaba a varios trabajadores que reclamaban “abusos” de parte de compañías de comida rápida.
Con sus matices el caso de Díaz García retrata una realidad hondureña: el 96 por ciento de los asesinatos quedan en la impunidad, según estudios del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Mientras, Omar Edgardo Rivera, coordinador del programa Alianza por la Paz y la Justicia de la ASJ, aporta otro dato: “Solo nueve de cada cien asesinatos son investigados, de estos solo cuatro reciben una sentencia condenatoria”.
CLIMA HABILITANTE PARA EL CRIMEN
Tal situación “crea un clima habilitante para que las personas ejecuten un crimen”, según Rivera, para quien “muchos litigios o enfrentamientos judiciales se dirimen en Honduras por otra vía: el asesinato”.
Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) muestran que entre 2010 y 2015 fueron asesinados 102 abogados. La cifra sube hasta los 150 si se toman en cuenta cifras desde 2006, año en que “se inicia un proceso de degradación de la vida de los abogados. Cada vez hay más asesinados”, según Bertha Oliva de Nativí, coordinadora del Comité de Familiares Desaparecidos de Honduras (Cofadeh).
Para Migdonia Ayesta, directora del Observatorio de la Violencia, judicializar un caso en Honduras “es un problema” porque “no existe una verdadera investigación científica criminal que dé cuenta de qué está pasando, por qué o quiénes son los victimarios”.
Un recuento de LA PRENSA, de los 102 homicidios recogidos por el Conadeh, muestra que solo 11 casos habían sido judicializados hasta marzo pasado, de estos, únicamente seis habían finalizado con una sentencia condenatoria.
Esta carencia se debe a los pocos recursos —personal, equipo, y materiales— con que cuentan jueces y fiscales para desarrollar de forma expedita las investigaciones, según funcionarios y especialistas jurídicos hondureños entrevistados por LA PRENSA.
FALTAN FISCALES Y JUECES
José Luis Balladares, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, explica que existen fiscales que llevan 500 casos y jueces con tres mil expedientes, por lo que realizan ocho o diez audiencias por día. “Científicamente un juez solo puede conocer 200 casos al año”.
Añade: “En este sentido, es materialmente imposible tener justicia efectiva, pronta y expedita, por lo que insistimos en la contratación de más fiscales y jueces”.
El comisionado hondureño de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, reconoce que “la falta de recursos” no les permite actuar como “quisiéramos”, por lo que apela a “más entereza y compromiso” de los funcionarios para “hacer lo máximo con lo mínimo”.
Para Oliva de Nativí, la pobre “judicialización” se debe también a una “complicidad del Estado”, ya que ha invertido “mucha plata (dinero) en preparar fiscales y personal para hacer investigaciones”.
—¿Qué gana el Estado siendo cómplice?
“Atemorizar a la sociedad entera. Una sociedad atemorizada no es capaz, aunque conozca sus derechos, de defenderlos y reclamarlos”, responde Oliva de Nativí.
COMPLICIDAD DE AUTORIDADES
Dina Meza, periodista y excompañera laboral de Díaz García, afirma que en el caso del “abogado de los pobres” hubo complicidad de las autoridades, ya que “nunca se avanzó hacia los autores intelectuales, a pesar de que tenían las herramientas para hacerlo. La impunidad triunfó ahí”.
En la misma línea, la coordinadora del Cofadeh agrega que “hay una conducta oficial del Estado de despreciar la vida” porque no priorizó las indagaciones de los primeros asesinatos, como es el caso de Dionisio, del que considera no se investigó “con profundidad” y si hubo alguna “fue somera y con el propósito de ocultar las verdaderas motivaciones” del homicidio.
El hecho de que un oficial en activo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) se vio relacionado con el caso ha alimentado las sospechas de “complicidad”.
LA PRENSA intentó en varias ocasiones, sin éxito, obtener una versión de la Fiscalía hondureña y de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina), pero no respondieron a las llamadas y correos electrónicos enviados a los equipos de comunicación.
DEPURACIÓN POLICIAL
Díaz García había recibido amenazas de muerte, pero no las creyó ciertas. “Ese fue su error”, según Meza. El “abogado de los pobres” fue baleado en el interior de su vehículo por dos pistoleros que se movilizaban en una motocicleta.
En todas las instancias, menos en la Sala Penal de la CSJ, se consideró a un policía como uno de los motorizados.
En febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre Honduras en el que reclama al Gobierno poner fin al “uso ilegítimo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, en algunos casos en complicidad” con el crimen organizado, según publicaciones de esa fecha.
Para evitar casos como el de Díaz, el Gobierno aprobó en 2012 una ley especial de depuración policial e inició una “limpia” de la institución, por medio de la cual han sacado a entre 2,300 y 2,500 efectivos, según Omar Edgardo Rivera, de la ASJ.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad hondureña emitió en diciembre pasado un comunicado en el que reconoce que el proceso de depuración “no ha generado los efectos esperados, debido a que las personas que han sido separadas han realizado acciones legales administrativas que han permitido su reincorporación”.
Para Rivera, el problema es que las autoridades “no han querido meter preso a los policías. Lo que hacen es sacar a la calle a más delincuentes, que están en total impunidad. Un mal policía lo es con uniforme o sin él”.
LEY PARA PROTECCIÓN
En junio de 2015, entró en vigencia en Honduras una ley que busca proteger a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos.
Para Rafael Canales, vicepresidente del Colegio de Abogados de Honduras, el problema con la legislación es que “no se asigna” un presupuesto específico para la protección de los profesionales del Derecho.
La ley, aprobada en abril de 2015, establece la creación de un fondo especial para protección de los periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia. No hace diferencia entre los profesionales.
Canales explicó que además la ley está en la etapa de reglamentación, por lo que su implementación “no es todavía una realidad”.
La norma crea la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales, una institución a la que los beneficiarios de la ley pueden acudir si se consideran “víctimas de una situación de riesgo”.
La legislación ordena también el Consejo Nacional de Protección que será integrado por representantes del Ministerio de Seguridad, Relaciones Exteriores, Ministerio Público, Colegio de Abogados y de Periodistas, así como organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil.