El fiscal general de Brasil respaldó el jueves la decisión de un juez de la corte suprema de bloquear el nombramiento de Lula como ministro, estrechando el cerco sobre la presidenta Dilma Rousseff, amenazada por un juicio político o “impeachment”.
El procurador, Rodrigo Janot, consideró en un informe enviado a los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) que “hay elementos suficientes para afirmar que hubo desvío en la finalidad del decreto presidencial” que nombró jefe de gabinete al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010).
Lula fue investido en ese cargo el 17 de marzo, pero el juez del STF Gilmar Mendes suspendió al día siguiente la designación, por sospechar que su objetivo era ponerlo al abrigo de la justicia ordinaria que investiga si ocultó bienes procedentes de la red de corrupción de Petrobras.
Rousseff sostiene que el mítico fundador del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) es una pieza clave para recomponer una coalición que le permita superar el “impeachment”, tramitado por la oposición por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015.
CAMBIA DE OPINIÓN
Janot había considerado el 28 de marzo que el nombramiento de Lula como ministro era una “competencia constitucional” de Rousseff y que su bloqueo “podría causar graves daños al orden institucional”.
Pero ahora está convencido de que la designación buscó “afectar la competencia” del juez Sergio Moro, a cargo del caso de corrupción en Petrobras, y “perturbar el avance de las investigaciones criminales” en la operación Lava Jato, como se denomina a la investigación dirigida por el magistrado.
Janot explicó que cambió de opinión después de analizar “elementos más amplios”, como el audio liberado por Moro de una conversación interceptada entre Lula y Rousseff.
En esa conversación, la mandataria le informaba a su mentor y predecesor que le enviaría el decreto de su nombramiento para que pueda “usarlo en caso de necesidad”, antes de la ceremonia oficial. Esas declaraciones fueron interpretadas como una voluntad de poner a Lula al abrigo de una eventual orden de arresto, algo que Rousseff niega con vehemencia.
“La movilización del aparato estatal, sobre todo de la autoridad de mayor escalafón, para defender intereses privados, pone en evidencia el intento de intervención del señor Luiz Inácio Lula da Silva en el funcionamiento regular de las instituciones”, añadió.