A raíz de la filtración de los “papeles de Panamá”, muchos gobiernos anunciaron investigaciones mientras la oposición pide explicaciones en países como Argentina, ya que su presidente, Mauricio Macri, aparece involucrado en sociedades “off shore”. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló unos 11.5 millones de documentos que cubren más de 40 años de actividad del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a miles de ciudadanos incluidos más de 140 políticos.
Panamá, país de solo cuatro millones de habitantes que depende de los ingresos del Canal que aporta casi el 80 por ciento de su PIB, tiene una ley bancaria muy liberal que atrae a muchas empresas. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), tuvo el crecimiento más alto en la región durante la última década y logró notorias mejoras en sus instituciones económicas y financieras.
Con la propuesta de regulación británica para remover el secreto bancario en sus territorios offshore, Panamá permanece como el centro financiero más seguro. Allí es habitual trabajar con sociedades offshore, firmas constituidas y registradas en un país diferente del que operan, que no son ilegales pero suelen ocultar patrimonio y dinero para escapar de la voracidad fiscal de los gobiernos. Gracias Panamá por ello.
Desde Bruselas, la Comisión Europea recalcó que es “muy activa” en la lucha contra la evasión y recordó que los bancos europeos deben facilitar “un amplio rango de información sobre operaciones fiscales en el mundo”. Es decir, obliga a las entidades financieras a delatar a sus clientes. Los gobiernos reaccionaron “indignados” frente a posibles casos de evasión fiscal, siendo, quizás, la actitud más radical —rayana con el nazismo por su intolerancia— la de la diputada argentina cercana al oficialismo, Margarita Stolbizer, que presentó un proyecto para que se prohíban todas las transferencias hacia paraísos fiscales.
A ver. Más allá de la corrupción que debe solucionarse en su raíz, en su país de origen, lo cierto es que los paraísos fiscales son eso, paraísos.
En el mercado la gente coopera voluntariamente intercambiando productos y ganando todos. El panadero, por caso, vende el pan que le sobra y compra aquello que le conviene, por ejemplo, un camioncito para aumentar su reparto y ganar más dinero, servir mejor a sus clientes y darle trabajo a un chofer.
Pero entonces aparece el Estado, el “gobierno” cuya autoridad se basa en el monopolio de la violencia, dicho sin eufemismos, en la violencia. E impone impuestos, fuerza a las personas a pagar por aquello que no les conviene, con ese dinero, entre otras cosas, crea guerras y cárceles para aquellos que no cumplen su “ley”, los “ilegales”. Mientras demagógicamente dice que su fin es dar justicia y ayudar a las personas.
Frente a este abuso es natural que las personas busquen otros lugares donde el producto de su trabajo quede más seguro, paraísos fiscales adonde la violencia estatal no llegue.
Como dice Gustavo Hernández Baratta, “los Estados esquilman a sus súbditos con impuestos y asfixian con burocracias que producen regulaciones absurdas y servicios pésimos…” Por ejemplo en “Argentina y Uruguay los súbditos pagan más del 60 por ciento de sus ingresos al fisco”. entonces “quizá la palabra esclavitud recobre sentido y alguien se pregunte si el problema no es el infierno, en lugar del paraíso”.
El autor es miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California.
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