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La represión a protestas sociales exigiendo un sistema electoral transparente fue uno de los temas expuestos por organizaciones de derechos humanos. LA PRENSA/ARCHIVO

Gobierno de Ortega ignoró dos citas en la CIDH

El comisionado Paulo Vannuchi condenó la ausencia de la representación del gobierno —que según dijo— desaprovechó la oportunidad de exponer su punto de vista.

El gobierno de Daniel Ortega ignoró este jueves 7 de abril dos audiencias programadas para abordar la situación de los derechos humanos en el país, con motivo del 157 período de sesiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El comisionado Paulo Vannuchi condenó la ausencia de la representación del gobierno —que según dijo— desaprovechó la oportunidad de exponer su punto de vista.

La comisionada relatora para Nicaragua, Esmeralda Arosemena, también lamentó la ausencia del Gobierno por el Estado de Nicaragua. A su vez, se comprometió a buscar un diálogo con el gobierno.

REALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA

En una de las audiencias, el representante del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Luis Carlos Buob, que acompañaba a 13 organizaciones de Nicaragua, demandó una vez más a la CIDH que insista en solicitar una visita al país, para que verifique el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua y evalúen al país a la luz de la información que llega a través de reuniones de trabajo, solicitud de medidas cautelares, entre otros.

“Nosotros creemos que el rol que puede jugar la Comisión Interamericana el día de hoy en Nicaragua es esencial; concentración de medios, violencia sexual, agresión a defensores de derechos humanos, cooptación del poder, falta de independencia judicial y un largo etcétera son algunos de los ejemplos”, afirmó Buob.

CENIDH EXPONE EL CALVARIO DE NICARAGUA

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, hizo referencia a la situación de impunidad que prevalece, la falta de independencia del poder judicial, la represión a las protestas sociales y políticas como la de los Miércoles de Protesta ocurrida el 8 de julio de 2015, cuando la Policía reprimió a los participantes y, el uso de las fuerzas de choque a las protestas sociales, como la organizada contra el Canal Interoceánico.

Y tras presentar ejemplos de casos ya conocidos a lo interno, Núñez manifestó: “Todas estas violaciones tienen rostros, nombres y apellidos de víctimas que esperan que esta honorable comisión atienda las denuncias planteadas”.

LISTA DE BARBARIES SE EXTIENDE

La falta de esclarecimiento de las muertes de tres personas en la comunidad de El Portal, Pantasma, a causa de una mochila bomba. La militarización de zonas rurales. La masacre de Las Jagüitas, cuyos responsables recibieron penas mínimas que no corresponden con la gravedad del delito. Los abusos cometidos para reprimir protestas sociales como los de la Mina El Limón y Chichigalpa, resaltan entre los hechos mencionados.

Igual mención ameritó la agresión contra Darwin Jirón, el 27 de octubre, en la marcha campesina contra el Canal Interoceánico, así como el ataque criminal contra el dirigente del Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), Carlos Bonilla, el 26 de febrero.

EXCLUSIÓN E INTIMIDACIÓN A MEDIOS INDEPENDIENTES

En cuanto a la libertad de expresión, Patricia Orozco, de la iniciativa nicaragüense de defensores de derechos humanos de las mujeres, manifestó que en el país existe una política estatal de exclusión e intimidación contra medios y periodistas independientes. La intimidación ha provocado autocensura.

Así como un acelerado proceso de concentración de la propiedad de medios electrónicos y la asignación discrecional de las licencias de radio y televisión que dan paso a un duopolio de propiedad de televisión.

VIOLENCIA A INDÍGENAS

En la misma audiencia, la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), Lottie Cunningham, también expuso la violencia que persiste en 12 comunidades indígenas de tres territorios del Caribe Norte por la invasión de sus tierras por parte de colonos o terceros ante la falta de implementación de la etapa de saneamiento por parte del gobierno.

A esto —agregó Cunningham— la afectación de los megaproyectos sobre pueblos indígenas como la minería, la hidroeléctrica y el Canal Interoceánico que en el Pacífico impactará a cinco comunidades indígenas. Mientras en el Atlántico, el 52 por ciento de la ruta de ese proyecto afectará territorios indígenas y afrodescendientes.

Por su parte, Azahalea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), dijo que “Nicaragua entera sigue concesionada” por el proyecto del Canal Interoceánico. Solís expresó que aunque “no hay un centímetro de tierra en el cual se haya construido absolutamente nada, pero la realidad es que la ley está ahí”.

LA CPDH Y LA ANPDH

En audiencia separada asistieron la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), donde expusieron el tema sobre seguridad ciudadana. Por la CPDH, Marcos Carmona expuso el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, pero sobre todo destacó la falta de profesionalismo de la Policía, la que expresó está subordinada a un partido político, pues existen dentro de sus estructuras afiliaciones partidarias. Esto, dijo Carmona, ocasiona parcialidad en los casos sobre abusos y el uso desproporcionado de las fuerzas policiales en las protestas sociales. “La Policía es cómplice de los atropellos, es cómplice de crear grupos paramilitares y proteger a las turbas cuando el pueblo de Nicaragua sale a manifestarse”, afirmó Carmona.

Denis Darce, funcionario de la CPDH, denunció el riesgo que representa a las acciones de ciudadanos y defensores de derechos humanos la nueva Ley de Seguridad Soberana. Carmona también mencionó casos concretos de abusos sexuales por parte de miembros del Ejército de Nicaragua que han quedado en impunidad.

Álvaro Leiva, por ANPDH, indicó que “las actuaciones públicas del Estado están sometidas a un control total del partido de gobierno”.

“De tal forma que las actuaciones de todos los funcionarios de todos los poderes del Estado, tienen como marco la fidelidad partidaria y no la visión, misión y el objeto de la institución que representa, lo que tiene como consecuencia una falta de independencia de las instituciones del Estado nicaragüense”, expuso Leiva.

Leiva también manifestó que en el país no hay derecho a la libertad de asociación ni a la propiedad privada y mencionó como ejemplo el despojo al empresario Milton Arcia Marín, el 3 de abril del año pasado.

DENUNCIAN ABUSOS SEXUALES

Otro problema mencionado por Ana Quiros, codirectora de Cisas, fue el embarazo en adolescentes y niñas que según indicó el Ministerio de Salud, está entre el 22 por ciento y 25 por ciento del total de los partos, “muchos de estos son productos de violación sexual pero eso es silenciado”.

El abuso sexual y violaciones contra niñas y adolescentes “son extremadamente frecuentes en el país”. Datos del Instituto de Medicina Legal (IML) en 2014 indican que por día realizaron 14 valoraciones a las víctimas por este delito en su mayoría menores de 17 años. Destacó que pocos agresores guardan prisión.

También, expuso que en febrero de 2015, un funcionario policial fue denunciado por violar a una joven lesbiana en una delegación policial, pero la institución desestimó el caso porque “la misma Policía se autoinvestigó”. Menciona además la ocurrencia en el país de crímenes de odio, y otros hechos sin investigar.

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