El Gobierno de Nicaragua ofreció cuatro millones de hectáreas disponibles del territorio nacional durante la Ronda de Negocios y Foro Mediático Rusia-América Latina, que se desarrolló el 30 de marzo en Uruguay.
El ofrecimiento fue calificado como una “contradicción obscena”, por el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez, teniendo en cuenta que el 30 de marzo la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti) reconoció solo el siete por ciento de las tierras que el Gobierno Comunal Creole de Bluefields (GCCB) reclamaba desde hace diez años.
“De 4.9 millones de hectáreas disponibles en el país, solo un millón está siendo trabajada, el resto espera por los rusos o cualquier otro inversionista extranjero para posicionarse en nuestro territorio”, dijo Luis Alberto Molina, viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
Molina destacó que “los precios son baratos si se compara con otros países”, aunque admitió no saber “durante cuánto tiempo se mantendrán bajos”.
Añadió que los inversionistas gozan de regímenes especiales de zonas francas para que el inversor se sienta seguro.
El 6 de abril, el Gobierno de Nicaragua anunció un millonario financiamiento de Rusia, que ronda entre 250 y 300 millones de dólares, con plazos de cuarenta años y tasas de intereses aceptables, “destinados a la ampliación de la pista y terminal del Aeropuerto de Managua, la adquisición de aeronaves de tecnología; inversiones para complejo de silos y molinos de almacenamientos y procesamiento de granos básicos; así como inversiones en un potente sistema de radares que operará en todo el país”.
Álvarez considera que la apertura de Nicaragua con Rusia y la resolución del Gobierno en contra de la comunidad creole pueden estar vinculados: “Es razonable suponer que buena parte de las tierras (que están ofreciendo a los rusos) están precisamente en toda esta parte del territorio del que están despojando a los creoles”.
El especialista calificó como una “obscenidad” despojar las tierras a los creoles y vender otras tierras a precio de “guate mojado”. “Como una feria sobre el hambre de los creoles, esto me parece lo más deplorable y obsceno de esta contradicción al margen de las consideraciones jurídicas”.
Según Elizabeth Henríquez, diputada de Yatama, partido indígena aliado al FSLN, su partido apoya al Gobierno Comunal Creole de Bluefields (GCCB) en el reclamo por el reconocimiento legal de más de dos millones de hectáreas, cuya solicitud fue aprobada en 2010, pero el proceso se trabó en 2014, tres meses después de la aprobación de la Ley del Gran Canal. De hecho, el 52 por ciento de la ruta del megaproyecto pasa por esas tierras. “La gente está muy molesta. En Yatama no nos vendemos y no estamos de acuerdo porque el Gobierno no tiene tierras”, agregó.
