Era lunes. Ese cinco de octubre de 2015, a las nueve de la mañana, el gerente general de la Empresa Iberoamericana de Inversiones, S.A., William Martínez Somarriba, recibió una llamada telefónica con una buena noticia. Del otro lado de la línea, un hombre que se identificó como Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua, le propuso construir un proyecto de cincuenta viviendas.
A sus 42 años, Moreno es uno de los funcionarios más conocidos entre las bases sandinistas y adversarios del partido oficialista por su cercanía con la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes gobiernan al país desde hace nueve años. Administra un presupuesto anual de poco más de 140 millones de dólares y ostenta una autoridad que emana de su cargo pero también del partido, dado que es secretario político de Managua.
Según el expediente judicial, el interlocutor del empresario fue Javier Porfirio Maradiaga Áreas, que se hacía por pasar por el influyente funcionario, una actuación que repitió en varias ocasiones como siguiendo un guión cinematográfico: proponía atractivos proyectos públicos a cambio de dinero que los beneficiarios debían girar a una casa de remesas, a nombre generalmente de terceras personas, para comprar supuestos documentos del concurso público.
A Martínez Somarriba le pidieron 139 dólares con la excusa de adquirir los pliegos de la licitación que el falso funcionario debía presentar en una reunión a las tres de la tarde; algunos documentos de la compañía como su registro único de contribuyente, o su licencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
El falso Moreno seducía a sus víctimas diciéndoles que si los había seleccionado era por el prestigio de la compañía. En los últimos meses se multiplicaron los casos de estafadores que se hacen pasar por jerarcas del partido de gobierno. Ocurrió con Moreno, cuyo otro yo fue condenado a seis años, pero también con el magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.
En los últimos meses se mencionó también en casos parecidos a alguien que falsificó la firma del Procurador General de la República, Hernán Estrada, o la sorprendente historia de Lincolnt Sánchez, de 21 años, quien pidió trabajo en el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino con una carta, afirmando que se la había firmado el presidente inconstitucional Daniel Ortega. Las autoridades sostienen que es falso.
Manteniendo distancia sobre la existencia de cada vez más casos como éstos, los representantes del sistema judicial dicen que no opinan sobre esta generalización de falsas identidades que tocan directamente al poder. Afirman que hablan a través de sus sentencias en casos concretos como dijo el juez Julio César Arias. Otros como Rafaela Urroz, ex presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (AJUMANIC), se preguntan extrañados cómo se van a poner a pensar “lo que piensa la gente”. “Cada quién es responsable. Ésas son cuestiones que la gente busca meterse en rollos”.
LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL
Sin embargo, los especialistas y críticos del sistema político de Ortega advierten que se trata de la radiografía de un país cruzado por la corrupción, el tráfico de influencias y falta de institucionalidad, lo que conlleva a la búsqueda de parte de la población de un tercero que solucione un problema o favorezca al ciudadano, aunque en ese proceso deba entregar una prebenda, una realidad extensiva a otros países pero que en Nicaragua tiene sus propias peculiaridades.
“Es el tráfico de influencias en los actores del poder, en la cúpula y sobre todo el poder político. Si como ciudadano se ve imposibilitado de llegar a esas fuentes de poder que resuelven, al margen de las propias normas, por recomendaciones y avales, el ciudadano se ve en la necesidad de utilizar esos caminos tortuosos. Busca quién tiene la influencia para lograr su objetivo a los menores costos, porque el burocratismo tiene un costo. Entre más alto el funcionario, el favor entre comillas va ser más jugoso”, explica el ex Procurador General de la República, Alberto Novoa (2004-2007).
“LA PATA” Y EL EFECTO DERRAME
En buen nicaragüense, según el penalista Novoa, es lo que la poblaciónconoce como “la pata” que le resuelve los problemas, lo que otras personas llaman a secas “el conecte”.
El sociólogo Oscar René Vargas es ex asesor de la Dirección Nacional del FSLN. Conoce de cerca a la dirigencia de este partido. Al ver estos casos, opina que en la sociedad en general hay un efecto de derrame de la corrupción de los niveles altos a los bajos.
“(El tráfico de influencias) se ha generalizado a partir del año 90, con todo el asunto de las propiedades, con la gente que quiso recuperar sus propiedades y que tuvieron que dar digamos alguna prebenda o una cuota para recibir el bono o la restitución de su propiedad. Esos son casos que se han divulgado a lo largo de los últimos 25 años. Entonces ha quedado en el subconsciente colectivo de que para agilizar algo tenés que usar el tráfico de influencias y se puede tipificar de dos maneras: sea que estás en el gobierno y usás tu poder político para obtener algo, sea que no estás en el gobierno y utilizás el poder económico para resolver un problema que tenés. Las leyes en Nicaragua no están funcionando como debieran. Ahora hay tantas denuncias que el Estado no reacciona, se ve generalizado”, lamenta Vargas.
Novoa denuncia que las influencias son “la moneda de uso del poder” en Nicaragua, lo que evita que sea perseguido como delito, lo mismo que ocurre con el enriquecimiento ilícito, dos casos en los que no recuerda que se haya abierto un proceso en los tribunales.
OTRO RASGO: PODER CENTRALIZADO
El poder está centralizado, dice Novoa, mientras Vargas advierte que el mensaje a la sociedad es claro: se dice que las cosas no se resuelven por el camino correcto, sino siguiendo la otra ruta. Hacer lo correcto puede significar para el ciudadano que “te exponés”.
La sombra del tráfico de influencias ha sobrevolado los grandes casos de corrupción desde que Ortega asumió el Ejecutivo en 2007. Vargas recuerda la sentencia judicial en que se consideró atenuante la ingesta de cervezas en el fallo contra un violador.
Los medios han publicado grandes negocios con el Estado que beneficiaron a familiares de funcionarios, contratos para conglomerados empresariales cercanos a la élite sandinista, o inéditas conversiones de cocaína a talco para liberar a ciertos procesados, o el caso que cita Vargas de las exoneraciones a grupos económicos. que bajo esta administración son mayores.
Novoa dice que hay gente que busca el interés “político partidario” de quedar bien con alguien para luego agenciarse un estatus superior. Mientras esto ocurre, el Estado calla en todos sus rincones. La mayoría de funcionarios, a quienes les han usurpado sus nombres, ni siquiera salen a aclarar la situación debido a la política de brindar “cero información”. El ex Procurador cuestiona que los funcionarios con identidad falseada prefieren callar “aunque sus nombres sean vilipendiados”.
LA PRENSA hizo una solicitud para obtener información sobre la posibilidad que existiesen más casos como éstos, pero no hubo respuesta en la oficina de prensa de la Procuraduría General de la República tres semanas después de hecha la solicitud. Ni siquiera para hablar de los casos en que se había usurpado la identidad del Procurador General. Resultó imposible durante el mismo tiempo comunicarse a su celular con el magistrado Marvin Aguilar, cuya identidad fue usada en otra estafa que dejó boquiabierto a medio país.
RARAS SENTENCIAS
Era un noviembre de 2013. Mientras purgaba una pena de 15 años por estafa agravada en una celda del sistema penitenciario de Cuisala (en Chontales, al centro del país), a Álvaro Ramón Leiva López se le ocurrió hacerse pasar por el magistrado Aguilar para estafar a parientes de procesados por narcotráfico. El monto de la afectación rondó un millón de córdobas, es decir 35 mil dólares.
Leiva López imitó la voz del magistrado sandinista. Por cinco mil dólares en “concepto de fianza”, el supuesto juez ofreció usar su poder para lograr sentencias a favor de procesados, a quienes además se les decomisa los bienes en cumplimiento de lo establecido en la ley que persigue al narcotráfico y crimen organizado. Bienes y familiares presos se volvieron entonces parte de los problemas que aquel podía solucionar.
La acusación revela que un sacerdote y la alcaldesa de San Jorge, en el departamento sureño de Rivas, se encuentran entre los embaucados. Después de ir a buscar a los familiares de los detenidos por una operación de narcotráfico, a ellos los llamaron y les prometieron un regalo, el cual les sería entregado por “órdenes del presidente Ortega”. El obsequio eran unas camionetas que no llegaron a tener.
“El sacerdote Johny Vicente Sevilla (párroco en Tola) les dijo (a los familiares) que tenían que entregar la cantidad de cinco mil dólares americanos, para el pago de una fianza y una vez que el juicio terminara, el dinero depositado les iba a ser devuelto, también les expresó que si querían recuperar sus bienes ocupados tenían que pagar la cantidad de 850 dólares americanos contactándose con el magistrado Marvin Aguilar”, expresa la acusación oficial.
EL PANORAMA EN EL MUNDO
El pago de sobornos es uno de los tipos de corrupción más frecuente en América Latina, según Alejandro Salas, director para América de Transparencia Internacional. Radicado en Berlín, Alemania, el especialista menciona que eso pasa en pequeño cuando un ciudadano paga a un policía para que no lo multe, lo que tradicionalmente se conoce como “mordida”. El otro tipo de corrupción es “la gran corrupción”, donde se manifiestan redes en las que participan políticos y empresarios como ocurre con el ex presidente Otto Pérez Molina en Guatemala, o el escandaloso caso de Petrobras en Brasil. La razón para que Nicaragua esté en la parte baja del índice global elaborado por ese organismo es que su sistema no ha tenido cambios significativos
Salas recuerda los resultados finales de la lucha contra la corrupción en Nicaragua, promovida por el ex presidente Enrique Bolaños (2002-2007), cuando acusó formalmente a su antecesor, Arnoldo Alemán (1997-2002), por desfalco al Estado. “Generó mucha expectativa positiva en la comunidad internacional. Se le veía como alguien que llegó a cambiar las cosas (Bolaños, 2002-2007) con decisión. Mandó una buena señal. Pero duró poco tiempo, porque no se hicieron cambios estructurales. Es un buen anuncio pero después de unos meses, si no se modifican los sistemas, para evitar que llegue otro Arnoldo Alemán y haga lo mismo, como creo que le ha pasado a Nicaragua”.
“No podemos esperar que todos los funcionarios sean Madre Teresa, pero no importa que no lo sean, si tienen un control; un sistema que no les dejará hacer lo que quieran”.
Alejandro Salas, director para América de Transparencia Internacional
El representante del organismo explicó que la posición en el índice de corrupción no depende de que un país sea pobre o rico, sino de la fortaleza de las instituciones que pueden impedir los abusos. “Los países que están más abajo, son los que están en guerra civil, países que tienen conflictos armados. Ahí te vas a encontrar a Siria, Afganistán, Somalia, te vas a encontrar a siete u ocho países que tienen este tipo de conflictos y luego te vas a encontrar a los americanos más débiles como son Venezuela, Haití, y no muy lejos, Guatemala, Nicaragua y Honduras”, añade.
Sin guerra, el experto se pregunta qué pasa con países como Nicaragua o Venezuela. Insiste en que situaciones como las mencionadas predomina un Ejecutivo fuerte y una captura de las instituciones a manos de éstos. El gobernante administra el país sin ningún control, una crónica que permite el abuso, cuyo autor pueden ser los funcionarios o quienes dicen serlo.
Audio: Alejandro Salas: “el sistema que controla al gran caudillo”
LA HERENCIA DEL CENTRALISMO
Junto a la corrupción, en el país ocurre un centralismo del poder. Un fenómeno que tiene su propia explicación histórica. En el libro de ensayos El Nicaragüense publicado en 1993, el poeta Pablo Antonio Cuadra (1912-2002) explicó las dos vertientes que conforman la identidad del nicaragüense, marcada por los antepasados indígenas: Los náhuas y los chorotegas.
Cuadra escribió que los náhuas eran más militaristas, mientras los otros eran más civilistas. Los primeros tenían un cacique, y los últimos se gobernaban a manera de comunidades y senados por cierto número de abuelos escogidos con votos.
“Estas dos tendencias las llevamos en la sangre y constantemente han aflorado en nuestra historia. Son muchos los momentos en que el nicaragüense ha luchado porque Nicaragua vuelva a ser república —ideal por el que dio su sangre Pedro Joaquín Chamorro— y algunas veces, no sin graves imperfecciones, lo ha conseguido, pero casi siempre el obstáculo ha saltado en forma de caudillo (de cacique), o de clan partidista, o de militarismo. ¡¡Los náhuas hacen su regreso cada vez que regresan los generales!!”, dijo el poeta en su ensayo.
Con la corrupción, los partidos políticos buscan también la hegemonía, de acuerdo con el filósofo Mario José Sánchez, de 43 años, director del Centro de Análisis Sociocultural de la Universidad Centroamericana (UCA), un centro de investigación con 34 años de historia.
“La corrupción es uno de los mecanismos o estrategias que ayuda a la clase política a mantener cierta hegemonía, más allá de cualquier ejercicio de Contraloría, más allá digamos, de la condiciones de transparencia, también ayudan a encubrir esa agenda oculta que maneja la clase política y todos esos vicios que giran en torno a la corrupción misma. Cuando se rompe ese dique puede ser un tema muy sensible, porque puede ser el principio del desgaste, la erosión. Es de hegemonía en el sentido de mantenerse y perdurar en el poder”, agrega Sánchez.
OTROS VEN COMPLICIDAD
Para Rodrigo Obregón, presidente de la pequeña cámara de contratistas de Managua, existe otra hipótesis sobre el caso de los falsos funcionarios. El ingeniero describe un proceso en que delincuentes que no son funcionarios se han coludido con gente de adentro, “porque manejan la operatividad de los procedimientos de contratación con los plazos y términos perentorios para hacer raterías como ésta (dice en relación al caso de Moreno). Es porque conocen que en algunos niveles de más arriba se practica este tipo de corrupción con cifras de ‘las grandes ligas´”. Según él, en las contrataciones con el Estado suele mediar una coima del 10% del contrato, al que los funcionarios llaman “diezmo”.
