Dos tipos de gobernabilidad

El concepto de gobernabilidad democrática es un concepto complejo que alude no solo a la idea de estabilidad sino también al modo de ejercer el poder, a su ejercicio no autoritario y a la necesidad de promover el desarrollo humano sostenible y equitativo.

El concepto de gobernabilidad democrática es un concepto complejo que alude no solo a la idea de estabilidad sino también al modo de ejercer el poder, a su ejercicio no autoritario y a la necesidad de promover el desarrollo humano sostenible y equitativo. Por el contrario, la gobernabilidad autoritaria puede generar estabilidad y cierto desarrollo, limitado a las clases privilegiadas y de los empresarios afines al poder, a costa de sacrificar las libertades ciudadanas y estancar la pobreza de las grandes mayorías.

La gobernabilidad democrática es el resultado de una sinergia en la que intervienen una serie de elementos y prerrequisitos. No existe una fórmula mágica ni preestablecida. Sin embargo, la auténtica gobernabilidad democrática demanda el ejercicio pleno de la democracia como condición necesaria aunque no suficiente. Se requieren, además, el respeto al Estado de Derecho, la vigencia de ciertos valores claves, como la justicia, la equidad, la libertad, la solidaridad, la transparencia electoral, la participación ciudadana y un mayor y mejor nivel de cultura política. No es posible la gobernabilidad democrática sin la interacción de todos los sectores sociales, que deben compartir el sentimiento de que sus demandas básicas están, o pueden llegar a estar, razonablemente satisfechas.

Una sólida gobernabilidad se asienta sobre la existencia de grandes consensos políticos y sociales. Hay quienes estiman que la idea de consenso es inherente a la definición de la gobernabilidad democrática. La gobernabilidad está también asociada a la posibilidad de alcanzar mejores niveles de desarrollo. En un país, si no hay gobernabilidad democrática, el desarrollo no beneficia a todos los sectores sociales como ya señalamos. Por otro lado, sin desarrollo equitativo, la gobernabilidad corre serios riesgos, desde luego que las demandas insatisfechas generan fuertes tensiones sociales que pueden conducir a conflictos violentos.

Una relación armoniosa y respetuosa entre los poderes del Estado, conservando cada uno su debida independencia, contribuye a generar estabilidad y a propiciar la gobernabilidad. Pero no basta el equilibrio entre los poderes del Estado. Se requieren también relaciones constructivas con la sociedad civil organizada que permitan fundamentar las políticas públicas de largo plazo sobre amplios consensos nacionales. Un escenario de tal naturaleza fortalece la legitimidad de las instituciones.

La legitimidad social del Gobierno y de los partidos políticos, la interdependencia entre los poderes del Estado; la distribución de la riqueza con justicia social, la descentralización política y económica, así como espacios de auténtica participación ciudadana en el ámbito local y nacional, son factores de estabilidad, de afianzamiento democrático y de una apropiada gobernabilidad.

Estas consideraciones se ligan al análisis del papel de la ética en la vida política de un país. La tesis de que la política es una actividad ajena a la moral, donde lo único que cuenta es el acceso al poder, es hoy día rechazada por las sociedades, convencidas de que la política debe estar regida por la ética y que su fin último no es el poder por el poder mismo sino el bien común. La revalorización ética de la política haría que la ciudadanía recupere la credibilidad en la política como una actividad cuyo fin último es el bienestar de todos. El político consciente debe promover la ética en todo lo que atañe a la sociedad, a partir de su propia transformación ética. Así se convertiría en un referente ético para la sociedad. Elegir el camino de la política es elegir el camino del servicio en favor de la comunidad.

Si bien la acción política partidaria busca alcanzar el poder, cuando está inspirada en principios éticos la búsqueda del poder no se agota en el poder mismo sino en la capacidad de dar respuestas adecuadas a las demandas más sentidas de la ciudadanía.

La relación entre ética y política, no solo atañe a quienes ejercen el poder desde los órganos del Estado sino también a los partidos políticos, empresarios, comunicadores sociales y a la ciudadanía en general, desde luego que todos participamos en la política y nuestras acciones pueden tener un impacto político. No es válida la dicotomía entre una ética pública y otra privada. La ética pública y la ética privada deben responder a un mismo referente valorativo: servir de sólido fundamento a la gobernabilidad democrática.

El autor es jurista y escritor.