En defensa de la libertad de prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa unas 1,300 publicaciones de las Américas con circulación de más de 43 millones de ejemplares en papel y una mayor cantidad de lectores por Internet

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa unas 1,300 publicaciones de las Américas con circulación de más de 43 millones de ejemplares en papel y una mayor cantidad de lectores por Internet, ha realizado su asamblea general de medio año en Punta Cana, República Dominicana.

La SIP examina dos veces al año la situación de la libertad de prensa en cada país y denuncia las violaciones que se cometen contra este derecho primordial de las personas y los pueblos. De esta manera la SIP cumple la regla ineludible de Thomas Jefferson, de que el precio que se debe pagar por la libertad —en este caso la libertad de expresión y de prensa— es la perenne vigilancia.

En la asamblea de la SIP se ha denunciado una vez más que el gobierno de Nicaragua impone restricciones al ejercicio de la libertad de prensa, al impedir el acceso de los medios y periodistas independientes a la información pública a pesar de que existe una ley que garantiza ese derecho. También se ha denunciado en Punta Cana la concentración oficialista y progubernamental de medios electrónicos de comunicación y otras formas de censura indirecta de la libertad de expresión y de prensa.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien participó en la asamblea de la SIP como invitado especial, expresó que el pluralismo de ideas y de propiedad se debe reflejar en los sistemas de medios de comunicación. Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, señaló que los monopolios y oligopolios de medios de comunicación se debe enfrentar con las leyes antimonopólicas ordinarias, no con leyes de prensa que generalmente derivan en restricciones a la libertad de expresión e información. Y recordó que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH), aprobada en 2001, establece que el rechazo a los monopolios u oligopolios mediáticos en ningún caso se debe regir por leyes regulatorias de prensa, sino por la legislación común contra los monopolios.

En lo que atañe a Nicaragua, en el artículo 68 de la Constitución Política se señala que “el Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo”. Y existe además una ley antimonopólica llamada Ley de Promoción de la Competencia, la cual fue promulgada en octubre de 2006 — al final del gobierno de don Enrique Bolaños— pero Daniel Ortega se instaló en el poder tres meses después y no ha cumplido esos mandatos de la Constitución y la ley.

Las fuerzas democráticas que en algún momento tendrán que sustituir al orteguismo en el poder, deben asumir en su programa de gobierno el compromiso de restablecer la pluralidad de medios de comunicación social y la plena libertad de prensa, que son indispensables para el buen funcionamiento de una democracia sana y robusta.

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