Agentes de la Policía de Honduras asesinaron a 152 personas en los últimos dos años, denunció este miércoles la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma del país centroamericano (UNAH), Migdonia Ayestas.
Esas muertes han ocurrido “por diferentes dinámicas y prácticas contrarias a los mandatos de los derechos humanos de las personas y ciudadanías”, subrayó la titular del Observatorio de la Violencia de la UNAH.
La denuncia se produce en momentos en que el Gobierno hondureño se apresta a realizar un nuevo intento por depurar la Policía, implicada en varios asesinatos.
En declaraciones a periodistas este miércoles, Ayestas dijo que, según un informe elaborado por la institución, unas 152 personas “han sido víctimas de miembros de la Policía Nacional cuando les han quitado la vida en diferentes formas”, 98 en 2014 y los restantes 54 el año pasado.
Destacó que en los últimos dos años se han presentado 790 requerimientos fiscales contra policías, ocho de ellos por delitos de abuso sexual.
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, juramentó en la víspera la Comisión de Reestructuración y Reforma de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional, lo que supone el saneamiento de las fuerzas de seguridad infiltradas por el crimen.
La comisión la integran la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales, el representante de la sociedad civil Omar Rivera y el pastor evangélico Alberto Solórzano.
Hernández dijo que el proceso de depuración que ha emprendido su Gobierno debe sacar lo malo de la institución policial y dejar lo bueno para que alcance altos estándares de desempeño que generen confianza entre los ciudadanos.
El gobernante aceleró el proceso de la depuración, que inició en 2011, pero sin los resultados esperados, tras la denuncia, la semana pasada, de que agentes y oficiales participaron en el asesinato del titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Julián González, en diciembre de 2009.
Agentes y oficiales también planearon el asesinato del exasesor en materia de narcotráfico Alfredo Landaverde, en diciembre de 2011, y del fiscal Orlan Chávez, en abril de 2013, según la denuncia publicada por el diario El Heraldo que se edita en Tegucigalpa.
