El presidente venezolano, Nicolás Maduro, mudará su domicilio a una vivienda subsidiada por el Estado y construida en el marco de un programa que según el gobierno beneficia a un millón de familias, anunció el mandatario este jueves.
La primera dama “Cilia (Flores) y yo estamos haciendo planes y muy pronto nos vamos a mudar a un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela”, dijo Maduro ante miles de partidarios en el palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas.
Junto a su esposa, a quien llama “la primera combatiente”, el presidente aseguró que se inscribirá en el plan de vivienda para pagar, como todos sus beneficiarios, una cuota inicial y mensualidades.
“Tengo dos años diciéndole a Cilia eso y aceptó mi propuesta”, comentó Maduro, señalando que quiere experimentar la “felicidad de vivir en un hogar bendito de la Gran Misión Vivienda”.
Maduro vive en Los Valles, un sector del suroeste de Caracas, y no en La Casona, residencia oficial del jefe de Estado venezolano.
MARCHA CHAVISTA
El presidente hizo el anuncio tras una concurrida marcha de seguidores chavistas -según él la más grande de los últimos meses- en rechazo a una ley aprobada el miércoles por la mayoría opositora en el Parlamento, la cual plantea otorgar títulos de propiedad a beneficiarios de las casas subsidiadas.
La norma permitiría a los propietarios vender las residencias, pero el gobierno asegura que se trata de una medida populista de la oposición, pues ya ha otorgado 884,000 títulos de propiedad.
Sin embargo, el Ejecutivo no precisa aún si los inmuebles pueden ser transados.
En el acto de este jueves, el diputado oficialista Ricardo Molina aseguró que la ley aprobada por la mayoría opositora es inconstitucional, lo que abre la puerta a que sea declarada ilegal por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“La ley va a seguir vigente” como está ahora, garantizó Maduro, al que sus adversarios acusan de utilizar el plan de vivienda como un arma de chantaje electoral.
La oposición acusa al TSJ de ser un apéndice del gobierno, luego de que anulara una ley de amnistía para disidentes presos, así como facultades de control del Legislativo sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano.
