La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió que sus expertos no pueden seguir investigando la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por la negativa del Gobierno mexicano, pero seguirá el caso con un nuevo “mecanismo especial” hasta que se descubra la verdad.
“Lamentamos profundamente que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no prorrogar el mandato del grupo y poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos, principalmente la ubicación de los desaparecidos”, afirmó hoy el presidente de la CIDH, James Cavallaro, en una rueda de prensa en Washington.
Para que los expertos de la comisión pudieran prolongar su mandato, que concluye el 30 de abril, era indispensable la “anuencia” del Estado, que el miércoles comunicó a los comisionados que no quiere que los expertos continúen su labor, pese al pedido de los familiares de que sigan hasta que se descubra la verdad.
Ante la imposibilidad de continuar con su asistencia técnica en México, la CIDH negociará ahora con el Gobierno y las familias de los desaparecidos “los términos específicos” con los que operará su nuevo “mecanismo especial de seguimiento” del caso.
“Mantenemos competencia y jurisdicción sobre el asunto. El mecanismo, cuyos términos y modalidades serán establecidos, buscará cumplir con las medidas cautelares (dictadas por la CIDH), que se identifique o se descubra lo que ha pasado con los estudiantes y dar seguimiento práctico a la excelente labor del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)”, explicó el presidente de la Comisión.
Cavallaro quiso dejar claro que, aunque sus expertos se tengan que ir de México, la CIDH “no está abandonando este caso y no va a abandonar a los beneficiarios de la medida cautelar, a los familiares de las víctimas”.
“Tenemos toda la intención de seguir con el monitoreo de la investigación y también en temas relacionados con la seguridad y bienestar de los beneficiarios, aquí no hay abandono, de ninguna manera”, aseguró.
El comisionado volvió a lamentar “la campaña de difamación” que sufrió el GIEI en México y defendió que con su trabajo de poco más de un año ha contribuido “a desmontar una versión incorrecta” de los hechos, “ha mostrado las fallas gravísimas en la investigación” y ha evidenciado “la imposibilidad física de la incineración de 43 estudiantes”.
“El grupo ha mostrado que la investigación seguía líneas comprobadamente equivocadas y ha servido para informar a la sociedad mexicana y mundial de lo que estaba pasando y ha conseguido reorientar esta investigación”, añadió.
En el nuevo mecanismo que establecerá la CIDH para seguir el caso se tendrán en cuenta las recomendaciones del informe que los expertos publicarán a la conclusión de su mandato y las consultas que se haga con ellos en el futuro dado su conocimiento del tema.
Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha dado una razón clara para no renovar el mandato del grupo de expertos, que ha chocado en numerosas ocasiones con las autoridades mexicanas tanto por ponerles trabas para efectuar sus investigaciones como por otras decisiones tomadas en el marco de las pesquisas.
“En esta misma sala, el Gobierno mexicano reconoció que no sabe informar sobre el paradero de los 43 estudiantes que es el objetivo principal de las medidas cautelares y el acuerdo que creó el GIEI”, señaló Cavallaro.
“El Gobierno mexicano reconoció que no se ha cumplido con el acuerdo pero opinión que hay que terminar el mandato del GIEI”, subrayó, sin entrar en más detalles sobre las razones que alegó la delegación del Estado para negarse a que los expertos sigan su labor.
Los expertos comenzaron a trabajar en el caso en marzo de 2015 en virtud de un acuerdo alcanzado entre la CIDH, el Gobierno mexicano y los familiares de las víctimas y, al vencerse el primer mandato el pasado octubre, las partes acordaron una segunda etapa de trabajo de seis meses con posibilidad de futuras renovaciones.
La noche del 26 de septiembre de 2014, alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros en Iguala por policías corruptos.
Según la versión de la Fiscalía, en el ataque perdieron la vida seis personas, entre ellos tres estudiantes, y 43 más fueron detenidos y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula.
