El gobierno de Costa Rica reiteró que no permitirá el ingreso irregular de migrantes cubanos, africanos y asiáticos que durante esta semana han vulnerado su frontera y han sido devueltos a Panamá, el país por donde ingresaron.
Tras varios días de crisis migratoria, el gobierno dirigido por Luis Guillermo Solís, reiteró que responderá de acuerdo con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia migratoria, es decir, rechazar o deportar a los extranjeros que ingresen de modo irregular.
“Costa Rica no permitirá el ingreso de migrantes en condición irregular y en la medida de sus posibilidades desplegará las acciones necesarias para rechazar en las fronteras a quienes intenten entrar al país en esa condición”, dijo el gobierno en un pronunciamiento tras el ingreso masivo de migrantes por la frontera con Panamá.
“Las autoridades migratorias tienen la obligación de aprehender, registrar e iniciar el proceso de deportación de los migrantes irregulares que intercepte dentro del territorio nacional, de acuerdo con las leyes vigentes”, añadió.
La tarde del miércoles autoridades migratorias con ayuda de la policía, devolvieron a 1,300 cubanos y extracontinentales que ingresaron a la fuerza por Paso Canoas, frontera con Panamá, desde donde estos grupos de migrantes presionan por continuar su viaje a Estados Unidos.
Ese mismo día, el Ministerio de Seguridad Pública redobló la vigilancia en Paso Canoas enviando a 300 policías que hacen guardia las 24 horas del día, vigila la frontera con vuelos de aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea y drones.
Después del miércoles, Costa Rica ha devuelto a Panamá a más de 200 migrantes cubanos y extracontinentales que habían ingresado de modo irregular por la misma frontera. También capturó y devolvió a unos 80 africanos y asiáticos que no solo vulneraron la frontera, sino que llegaron hacia la frontera con Nicaragua en Peñas Blancas, presionando también para continuar su ruta hacia Estados Unidos.
“Costa Rica y Panamá trabajan para encontrar soluciones conjuntas y sostenibles a un fenómeno estructural internacional, como lo es el del tráfico internacional de personas. Ante los incidentes de las últimas horas los dos países mantienen conversaciones permanentes para plantear alternativas apegadas a las leyes de cada nación”, añade el pronunciamiento.
Costa Rica, por medio de su presidente Solís y el canciller, Manuel González, aseguran que no se cuenta con las condiciones económicas ni logísticas para volver a instalar una red de albergues ni organizar un plan de atención y evacuación, como el desplegado en el caso de migrantes cubanos entre noviembre del 2015 y marzo de este año.
“Las autoridades costarricenses, entidades de auxilio y organismos internacionales multilaterales también trabajan para garantizar la vida, integridad personal, derechos humanos y condiciones sanitarias mínimas de migrantes irregulares varados en nuestras fronteras, en especial de niños y mujeres embarazadas. Estas medidas también son necesarias para garantizar la seguridad y salubridad de la población costarricense”, insistió el gobierno tico.
