Mientras la inspectora de Policía, Alba Guevara López, se interna en los estrechos callejones de un barrio controlado por pandillas en una barriada de San Salvador, la mitad de los agentes a su cargo se cubren el rostro con pasamontañas negros.
“Los que viven un poco cerca les da cierto temor de que los identifiquen porque luego hay represalias cuando andan en su tiempo libre”, dijo la inspectora, que tiene veinte años de experiencia. “En sus horas de descanso uno se vuelve más vulnerable”.
Y hay muchos motivos para tener miedo. Las pandillas declararon una guerra abierta contra la Policía de El Salvador, en respuesta a una operación iniciada el año pasado por el Gobierno. Los asesinatos de policías casi se multiplicaron por dos en 2015, a más de 60, y en lo que va del año han muerto 15 policías, incluidos dos el martes.
Los crecientes ataques son un indicio de que el conflicto en El Salvador se está saliendo de control y amenaza con convertirse en una guerra abierta, dijeron analistas consultados por la agencia Ap.
“Han logrado provocar una psicosis y una paranoia dentro de la Policía” que daña la ya baja moral del Cuerpo, dijo Jeannette Aguilar, experta en pandillas y directora del Instituto Universitario de Opinión Publica en la Universidad Centroamericana en San Salvador.
El fenómeno también forma parte de una cadena de asesinatos de venganza y represalias que ha puesto al país en una espiral de más violencia, indicó Aguilar.
MOMENTO DEFINITORIO
La experta cree que en 2015 hubo un momento definitorio de la violencia de El Salvador, ya que tanto el Gobierno como las pandillas adoptaron estrategias de más confrontación e, incluso, ciudadanos corrientes tomaron las armas para perseguir a los delincuentes.
Las pandillas abrieron campos de entrenamiento en las montañas y detonaron un coche bomba en la capital. Empezaron a atacar a la Policía y a sus seres queridos y también a soldados cuando el Ejército intervino en la lucha.
En enero se acusó a los mareros de las muertes del padre de un agente, el hermano de un soldado, las esposas de dos policías y una mujer y su hijo, que eran familiares de un policía.
El mes pasado el soldado de las fuerzas especiales, Enrique Ramos, fue asesinado junto con tres familiares a los que visitaba en una zona rural. Aparecieron atados de pies y manos, con los cuerpos cosidos a balazos y heridas de machete. Las autoridades dijeron que la pandilla Barrio 18 controla la zona.
SIN OPCIÓN
Para Guevara es personal: varios de los colegas de la inspectora fueron asesinados fuera del horario de trabajo en crímenes que ella está segura fueron obra de las pandillas. Un agente estaba en casa barriendo su patio, “totalmente relajado”. Otro estaba arreglando su tejado. “No fue casualidad, sino que ya tenía un objetivo”, afirmó.
Marvin Reyes, otro policía con 20 años de experiencia, dijo que, según sus cuentas, este año han sido asesinados 13 agentes y 25 de sus familiares. Eso fue antes del martes, cuando, según las autoridades, hombres armados de Barrio 18 mataron a dos policías en un ataque dirigido contra ellos en momento en que escoltaban a un testigo. Murieron seis supuestos pandilleros.
Reyes dijo que los policías ganan tan poco que no tienen más opción que vivir en los barrios que son controlados por las pandillas a las que combaten. Simplemente ir a casa por la noche pone a sus familias en peligro, de modo que a menudo duermen en las comisarías.
Muchos policías han abandonado sus hogares y siguen pagando el arrendamiento de esas casas a pesar de que ahora viven en un lugar distinto. Muchos abandonan el Cuerpo policial, en su mayoría para mudarse a Estados Unidos.
SON VULNERABLES
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, que fue director nacional de la Policía hasta enero, admitió que las fuerzas de seguridad son vulnerables. A la par afirmó que la respuesta adecuada es más formación y, lo más importante, acabar con los responsables de los ataques contra la Policía para demostrar que no se tolerarán.
“Muchas estructuras delincuenciales han encontrado que es una forma de mantener una especie de pulso con el Gobierno, esperando que el Gobierno, bajo esa presión, se siente con ellos”, señaló.
“Nosotros tenemos que convivir con los delincuentes, a la par. Nuestros hijos van a la escuela donde van los delincuentes. Nuestros hijos caminan en los mismos lugares donde camina el hijo del delincuente”, dijo Reyes. “Las pandillas vieron que nosotros somos vulnerables cuando estamos de licencia, cuando no estamos de turno”.
Reyes y otras personas han intentado organizarse para pedir mejores condiciones de trabajo y de salario, en un país donde el sueldo base de la Policía es de 425 dólares al mes antes de impuestos. La Ley les prohíbe a los policías sindicarse y el mes pasado Reyes fue suspendido sin sueldo junto con otros cinco policías activistas.