El día 7 de abril, el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, presentó, en la Secretaría de la Asamblea Nacional (AN) una iniciativa ciudadana suscrita por siete mil firmas notariadas y veintiún mil seiscientas más de respaldo, para derogar la oprobiosa Ley 840, “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas”.
La iniciativa ciudadana está perfectamente fundamentada en el Artículo 140 de la Constitución Política, que en su numeral quinto establece que los ciudadanos tienen iniciativa de Ley, siempre que sea respaldada “por un número no menor de cinco mil firmas. Se exceptúan las leyes orgánicas, tributarias o de carácter internacional y las de amnistía y de indultos”.
El día lunes 11 de abril, la Primera Secretaría de la AN rechazó, por supuesta improcedencia, la iniciativa ciudadana, bajo el peregrino argumento de “falta de competencia”, cuando el Artículo 138 de la Constitución, en su primer numeral, establece claramente, entre las atribuciones de la AN, “elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes”.
El hecho de que exista una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, carente de argumentos jurídicos serios, que rechaza la multitud de recursos de inconstitucionalidad que en su momento se introdujeron contra la Ley 840, no es obstáculo para que la ciudadanía haga uso de su derecho de presentar una iniciativa de ley para derogar la susodicha ley, ni merma las atribuciones constitucionales de la AN, por tratarse de poderes independientes. El argumento esgrimido por la Primera Secretaría implica declinar las facultades constitucionales de la AN.
Anteriormente, la representación parlamentaria de la Alianza que preside el PLI, había presentado, hace un año, un proyecto de ley con el mismo propósito, a la que no se le dio curso.
La derogación de la Ley 840 se ha transformado en un reclamo nacional, en un imperativo ético y patriótico, respaldado por amplios sectores políticos y sociales, así como por el medio centenar de marchas locales y tres nacionales encabezadas por miles de campesinos, que han sufrido la represión del régimen que nos gobierna, impidiéndoles llegar hasta la AN, tal como sucedió en la última marcha nacional de finales del año pasado. Fue la prudencia y el buen tino de los dirigentes de la marcha lo que impidió una confrontación violenta con la Policía.
La derogación de la Ley 840 no solo es un imperativo ético y patriótico. En el proceso de aprobación de la aludida ley, la AN incurrió en múltiples violaciones a la Constitución Política y su propio Estatuto, tal como lo hizo ver, en uno de sus considerandos, el proyecto de la Alianza PLI: “la Ley 840 incorpora, sin haber sido sometido a discusión un Acuerdo Marco de Concesión e Implementación, denominado bajo las siglas MCA y ratifica, igualmente de manera mecánica y sin haber sometido a consideración y discusión, los términos de un Memorándum de Entendimiento firmado el 5 de septiembre de 2012 y del Acuerdo de Cooperación del 31 de octubre de 2012”.
Además, en otro de sus considerandos, el proyecto de la Alianza PLI hace referencia al inmenso daño ambiental que significaría la construcción del Canal remitiéndose a la opinión de organismos científicos reconocidos, como la Academia de Ciencias de Nicaragua. En estos momentos, en que el país sufre de la escasez de agua y de la disminución de las fuentes hídricas, es oportuno tener presente lo que el mencionado proyecto afirma sobre nuestra mayor reserva de agua potable: el Lago Cocibolca. La Ley 840 pone en serio peligro la vida y la seguridad de las actuales y futuras generaciones de nicaragüenses, por lo que cualquier acción que signifique afectación de esta reserva natural, por las graves consecuencias que de ella puedan derivarse, debe ser considerada como un atentado en contra del pueblo nicaragüense.
Corresponde a la AN, y particularmente a los integrantes de la bancada mayoritaria orteguista, reaccionar en defensa de la soberanía y el futuro de Nicaragua. Ellos tendrán que decidir cómo quieren que los juzgue la historia.
El autor es escritor y jurista.
