En el plan de acción política que la oficialista Unión Nacional de Empleados (UNE) presentó el viernes 15 de abril a sus asistentes, al primer congreso nacional extraordinario de este año, estableció como principal tarea “asegurar más votos” para Daniel Ortega, a quien ya lanzó como candidato a las elecciones 2016.
Reunidos en el Palacio de la Cultura, sede del principal promotor estatal de la cultural en el país, la UNE, decidió “asumir el compromiso militante, sandinista y revolucionario”.
Según los sindicalistas oficialistas, la población estará satisfecha con la misión, para “asegurar más votos para nuestro candidato a presidente al compañero Daniel Ortega para las elecciones presidenciales 2016”. De esa forma esta central sindical, presidida por el sandinista Domingo Pérez, emitió una resolución a través de la cual establece que sus ocho confederaciones, 100 sindicatos y sus 2,500 juntas directivas sindicales “reafirmamos y expresamos a todo pulmón y públicamente que nuestro partido político es y será siempre el FSLN”.
Al tiempo que reconocen que “hemos venido trabajando en la consolidación de esa gran victoria, en la búsqueda del voto para seguir potenciando nuestro modelo de gobierno cristiano, socialista y solidario”.
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UNE se describe como el brazo sindical del FSLN en el sector público y las alcaldías municipales a nivel nacional.
Para estas organizaciones, “por primera vez en este país, hemos tenido estabilidad laboral”.
En LA PRENSA del 15 de abril, el defensor de derechos humanos, Álvaro Leiva Sánchez, dijo que entre 2007 y 2014, contabilizó más de 27 mil empleados públicos despedidos, eliminados 177 organizaciones sindicales y más de 2,300 dirigentes sindicales por no ser afines al oficialismo.
INTIMIDACIÓN Y COACCIÓN
E l informe anual 2015 sobre derechos humanos del Departamento de Estado, de Estados Unidos, publicado la semana pasada en Washington, refiere en el capítulo sobre Nicaragua, que exempleados públicos, representantes de derechos humanos y organizaciones de trabajadores alegaron que sindicatos del sector público afines al sandinismo utilizaron la intimidación y la coacción para reclutar nuevos miembros.
También indica el mismo informe, que estos grupos a menudo presionaron a los trabajadores a abandonar las uniones independientes.
Y aunque dice que la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva fueron generalmente respetadas, el Gobierno intervino a menudo basada en intereses políticos.