Asesinan a productor de Ayapal que denunció en LA PRENSA maltrato del Ejército

El campesino, miembro de la Contra en los ochentas, era militante del PLI.

Andrés Cerrato, Ayapal, campesino

Andres Cerrato, denunció a la Policía Nacional y al Ejercito de amenazas e intimidación y de vincularlo a grupos armados en el norte del país. LA PRENSA/Oscar Navarrete

Andrés Cerrato, un promotor de paz de la comunidad de San Martín de Daca, en la microrregión de Ayapal y que denunció en LA PRENSA hace un mes recibir acoso del Ejército, fue ejecutado la madrugada de este lunes 18 de abril por sujetos aún no identificados.

Familiares de Cerrato informaron que a la 1:00 a.m. un grupo de personas armadas llegó a la casa del productor, a ocho horas de Ayapal, y se lo llevaron. A cinco kilómetros de distancia fue encontrado muerto.

El 5 de marzo pasado la casa de Cerrato, donde habitaba con sus cuatro hijos y su esposa, fue allanada a las 5:00 a.m., supuestamente por oficiales del Ejército de Nicaragua que le hicieron preguntas sobre grupos armados.

“Usted sabe muy bien dónde está Santiago (un jefe armado que se moviliza por la zona), dígame y les vamos a pagar”, le habría dicho, supuestamente, un militar a Cerrato, quien denunció el caso hace un mes cuando brindó una entrevista a LA PRENSA en Ayapal.

“Mire, yo no sé nada, si quieren registren toda mi parcela y si encuentran algo yo respondo. Por parcelas ajenas yo no respondo”, contestó el campesino, también militante del PLI, ex Contra y miembro de las comisiones de paz de la zona.

POLICÍA Y EJÉRCITO DICEN NO SABER DEL CASO

La vocera de la Policía Nacional, comisionada mayor Vilma Rosa González, respondió que no tenía información sobre ese caso y aunque prometió investigar sobre el mismo, posteriormente no fue posible localizarla.

“Yo no tengo una versión oficial, yo lo que sé es lo que aparece en el diario (en la web), lo que leí ahora”, fue la respuesta inicial de González.

Por su parte, el vocero de la institución castrense, coronel Manuel Guevara Rocha, dijo: “El Ejército de Nicaragua no realiza ningún tipo de allanamiento (al referirse a la denuncia de Cerrato hace un mes). Desconozco quién es la persona que usted nos está mencionando”.
15 asesinatos, denuncia presidente departamental del PLI

El campesino, miembro de la Contra en la década de los ochenta, era militante del PLI. El presidente de este partido en el departamento de Jinotega, Byron Chamorro, dijo a LA PRENSA que Cerrato era, además, auxiliar de alcalde en su comunidad en la municipalidad de San José de Bocay.

Según Chamorro, en los últimos años ya van 15 militantes del PLI asesinados en el departamento de Jinotega. Ninguno de los crímenes ha sido investigado.

“Esto significa que en este país no tenemos resguardo, el asesinato es parte de todo el acoso que vivimos”, denunció el político opositor.

Andrés Cerrato fue ejecutado la madrugada de este lunes, en la comunidad San Martín de Daca, en la microrregión de Ayapal, municipio de San José de Bocay, departamento de Jinotega. LA PRENSA/O. NAVARRETE

Mientras defensores de derechos humanos y especialistas en el tema de seguridad coinciden en que las autoridades de ambas instituciones están obligadas a investigar, esclarecer y someter a la Justicia a los responsables de la muerte de Cerrato.

DERECHOS HUMANOS

El representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en la zona Matagalpa, Jinotega, Juan Carlos Arce, refirió que aunque esa organización no había recibido denuncia de la víctima sobre atropellos que habría sufrido de parte de militares, sí había conocido sobre la ocurrencia del hecho este lunes 18 de abril. Y manifestó que por el hecho de que hubo una denuncia pública a través de LA PRENSA, las autoridades estaban obligadas a esclarecer en qué circunstancias fue asesinado, quiénes lo asesinaron y mandarlos ante el juez.

Arce indicó que el crimen demuestra la gravedad de lo que está pasando en el campo y que calificó “a niveles inaceptables”.

“El Gobierno en lugar de estar con ese discurso de país bonito, debería de tomar las medidas pertinentes de cara a esclarecer estos hechos”, manifestó Arce, quien recordó que ya son decenas de muertos registrados en esa zona en los últimos años y que “en la mayoría de los casos no ha habido investigación, no ha habido un informe”.

El Cenidh le hizo un llamado a la Policía a cumplir con lo establecido por la Ley, que les permita recuperar la confianza entre la población, pues “no es cierto que en esa zona la Policía es reconocida, la gente le tiene miedo”, sostuvo Arce y apuntó que el crimen “lo que viene es a confirmar el temor de muchos productores de lo que está pasando en esta zona”.

“Nosotros lamentamos la muerte de este campesino que en su momento se sentía amenazado. La gran duda es ¿qué hizo la Policía para investigar su denuncia?”, expresó Marcos Carmona, secretario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Para el investigador independiente en temas de seguridad y defensa, Roberto Orozco, este crimen además demuestra que “la presencia de los grupos rearmados es un hecho que ya no se puede negar” e induce a pensar que hay un tratamiento de “asesinato selectivo”.

“Acordate que ya hay por parte de la población una denuncia como antecedente inmediato de que hay detenciones arbitrarias, asesinatos selectivos, desapariciones, todo eso te está dando un mensaje de que la situación es de un conflicto serio que vive la zona de Ayapal y convergente; esta es una miniescalada, la misma profilaxis (como expresan en su jerga) de los ochenta es la que están aplicando”, sostuvo Orozco.

PLI DEMANDA INVESTIGACIÓN

El Partido Liberal Independiente (PLI) publicó un comunicado minutos después de confirmarse la muerte de Andrés Cerrato.

“El PLI lamenta una vez más sucesos de esta naturaleza, que solo provocan desilusión y luto en las familias nicaragüenses y en particular a militantes de esta organización política que, constantemente han sido víctimas de acoso y persecución”, denunció el PLI nacional en un comunicado.

“El asesinato del señor Cerrato se dio unas semanas después de haber denunciado en medios de comunicación que su casa fue allanada a inicios de marzo por efectivos militares que lo interrogaron sobre los grupos armados que se mueven por esa zona y que son considerados grupos delincuenciales por el Ejército, lo cual lanza una estela de dudas sobre ambas instituciones”, resalta el comunicado.

El partido político opositor exigió a la Policía y al Ejército que realicen “una debida investigación de este vil asesinato y no quede en la impunidad, como ha ocurrido en otros casos”.

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