La información más reciente sobre el esquema de cooperación petrolera venezolana indica que la cooperativa financiera Caruna ha sido sacada de la escena. Según informó el Gobierno de Nicaragua al FMI, el Gobierno de Venezuela decidió transferir los activos y pasivos relacionados con la cooperación petrolera, desde Caruna, a la empresa mixta Albanisa.
Como se recordará, el capital accionario de Albanisa está dividido entre dos empresas públicas de Venezuela y Nicaragua. La mayoría accionaria del 51 por ciento corresponde a la Empresa Estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), y el 49 por ciento restante pertenece a la Empresa Estatal nicaragüense Petróleos de Nicaragua (Petronic).
En lo que respecta a los pasivos derivados de la cooperación petrolera, estos corresponden básicamente a la deuda de más de 3,200 millones de dólares que se adquirió con el desembolso acumulado del crédito, equivalente al 50 por ciento de la factura petrolera, que anteriormente era manejado por Caruna.
Según el acuerdo establecido, un 48 por ciento del crédito petrolero se destinaría al financiamiento de programas sociales y el 62 por ciento a financiar inversiones con fines de lucro, cuyo rendimiento debería ser suficiente para hacer frente al servicio de la deuda derivada del desembolso del crédito. Siempre se nos dijo que esta deuda era estrictamente privada. Se afirmó que se trataba de una deuda adquirida por una empresa privada, Caruna, y que el Estado no tenía ningún tipo de responsabilidad por la misma. Pero ahora es Albanisa, una entidad en la cual una empresa pública nicaragüense tiene una importante participación accionaria, la que aparece asumiendo dicha deuda.
Aquí debe recordarse también, la existencia del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, entre Venezuela y Nicaragua, ratificado por la Asamblea Nacional, el cual establece claramente las condiciones financieras específicas del suministro petrolero. Al haber sido ratificado por la Asamblea Nacional, este instrumento adquirió el estatus de tratado internacional.
Por estas razones, la Contraloría General de la República tiene la obligación de investigar las implicaciones de esta transferencia de los pasivos (deudas) derivados de la cooperación petrolera, desde Caruna, hacia Albanisa.
En lo que respecta a los activos asociados a la cooperación petrolera, estos corresponderían, principalmente, a aquellos activos en los cuales se hubiese aplicado el 62 por ciento del crédito petrolero destinado a inversiones lucrativas. Hasta donde se sabe, dichos activos incluyen hoteles, canales de televisión, cadenas de gasolineras, empresas madereras, entre otras.
Desde el punto de vista económico el hecho de que Albanisa —en donde PDVSA tiene una mayoría accionaria— tome el control de estos activos, parece tener sentido. Como se sabe PDVSA y Venezuela tienen unas necesidades muy grandes de liquidez.
En este contexto tiene sentido: 1) que recuperen control sobre la manera en que se usan los recursos de la cooperación petrolera, para asegurar que se inviertan de la manera más redituable, 2) recuperar los activos generadores de ingresos en los que se ha invertido el crédito, con el propósito extraer el máximo rendimiento de los mismos, 3) abriendo al mismo tiempo la posibilidad de liquidarlos, en caso de necesidad.
Sin embargo, por el lado nicaragüense, la Contraloría debería esclarecer cuál es la participación en dichos activos que correspondería a la empresa nicaragüense de propiedad pública, Petronic.
Para finalizar, la última novedad referida a este esquema, es que PDVSA vendió la deuda derivada del suministro petrolero a Nicaragua, cuyo deudor ahora sería Albanisa, al Banco Central de Venezuela, que se habría convertido así en el acreedor.
En este caso, el Gobierno de Nicaragua, quien únicamente informa con regularidad al FMI de los avatares del esquema de cooperación petrolera, tiene la responsabilidad ineludible de informar a los ciudadanos y ciudadanos de este país, a quienes se debe, sobre el significado de todo esto.
