Inconstitucional es no tramitar ley del pueblo

El lunes 11 de abril la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional (AN) rechazó y se declaró sin competencia para tramitar la primera iniciativa del pueblo en los dos períodos de Daniel Ortega

El lunes 11 de abril la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional (AN) rechazó y se declaró sin competencia para tramitar la primera iniciativa del pueblo en los dos períodos de Daniel Ortega, para derogar la Ley 840 que otorga la concesión por 50 años prorrogables, para construir en Nicaragua el llamado “Gran Canal Interoceánico”, al empresario chino Wang Jing.

La iniciativa de ley fue presentada el jueves 7 de abril con el respaldo de más de 7,000 firmas, dos mil más que las 5,000 requeridas por mandato constitucional para presentar iniciativas ciudadanas, la que en su articulo 140, inciso 5, textualmente dice: “Tienen iniciativa de ley los ciudadanos. En este caso, la iniciativa deberá ser respaldada por un número no menor a cinco mil firmas. Se exceptúan las leyes orgánicas, tributarias o de carácter internacional y amnistías y de indultos”.

Es insólito que todas las iniciativas de ley que emanan del Ejecutivo, incluyendo la del canal, sean aprobadas en la AN en forma expedita, sin un verdadero y amplio proceso de consulta, no solo limitado a las instituciones del gobierno. En cambio, esta que proviene del pueblo, ni siquiera es tramitada, a pesar de que el Ejecutivo tiene al menos los 63 votos incondicionales para no aprobarla, si así lo desea.

La burda excusa de la Primera Secretaría es que la referida Ley 840 no es inconstitucional como señalan en su exposición de motivos los ciudadanos firmantes bajo el liderazgo del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía Nacional, porque ya la Corte Suprema de Justicia rechazó todos los recursos de inconstitucionalidad de la referida ley antipatriótica.

Dando por sentado como válido este argumento de Primera Secretaría, lo que debió hacer, entonces, tal como lo mandata el artículo 49, inciso 7 de la ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, es “asegurándose de que contenga los requisitos previstos en esta ley, ponerles razón de presentación o devolverlas para subsanar faltas”.

Lo cual no hizo y se adelantó a rechazar la iniciativa, alegando incompetencia porque ya otro poder del estado se había pronunciado sobre la inconstitucionalidad.

El destacado jurista constitucionalista Gabriel Álvarez alega que en la actuación de Primera Secretaría, tenemos una monstruosidad jurídica, que implica una violación a la Constitución política y con lógica elemental subraya: “Si la AN no es competente para reformar esta Ley, tampoco lo era competente para aprobarla, porque esto es un asunto de materia jurídica”.

Los proponentes de la iniciativa ciudadana recurrieron a la Junta Directiva pero en una reunión que sostuvo esta el viernes, seis de sus siete miembros votaron por no admitir la iniciativa para derogar la Ley 840, más conocida como Ley del Canal. Únicamente la segunda vicepresidenta, la diputada María Eugenia Sequeira de la opositora Bancada PLI, votó para que se le diera el trámite correspondiente, que en todo caso, se debió devolver para subsanar errores.

La lectura de este triste capítulo de la AN es que solo el presidente puede proponer iniciativas de ley y no el “pueblo presidente”, ni que reúna más de las 5,000 firmas requeridas en la Constitución. Si la iniciativa del “pueblo presidente” no viene con el visto bueno del “mero presidente” ni siquiera tendrá la oportunidad de ser tramitada y pasar a debate.

Habría que preguntarse: ¿cuál es el miedo que tienen de que una iniciativa que deroga una ley tan descarnadamente antipatriótica y leso ambiental, sea conocida y debatida, si tienen los votos?

¿No será que los efectos de la sequía que ha mermado dramáticamente el nivel de nuestro Lago Cocibolca, o los efectos de la estrepitosa caída de los mercados chinos, o el debate ambiental del megadesastre que provocaría el canal, hayan hecho cambiar el modo de pensar de algunos diputados?

De hecho, se les está ofreciendo una tabla de salvación ante la segura condena de la historia, que quizás no sea tan grave, porque tengo la convicción que el mentado megacanal, jamás será construido. Pero abrir este debate en un año electoral sería grave y por eso es menor el costo político de violar los derechos ciudadanos del “pueblo presidente”, que darle curso a esta patriótica iniciativa de derogar la ley del canal.

El autor es diputado de la Bancada Alianza PLI y presidente de la Comisión de Turismo.

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