El asesinato de un campesino pobre y humilde en una zona rural alejada, aunque sea por motivos políticos no produce en la sociedad el impacto que produciría si la víctima fuese una persona prominente. Esto a pesar de que por principios filosóficos, éticos y religiosos, la vida de todas las personas tiene el mismo valor, igual la de un campesino que la de un personaje encumbrado.
Pero en una sociedad con la conciencia ética debilitada por la frivolidad y la servidumbre política que fomenta el poder autoritario, el asesinato de una persona vinculada a la política solo se considera importante si por la identidad de la víctima puede provocar una fuerte reacción emocional. Lo cual, hay que reconocerlo con pena, no es el caso del campesino Andrés Cerrato, antiguo combatiente de la Contra y después activista del Partido Liberal Independiente (PLI) hasta que fue asesinado el lunes de esta semana.
Cerrato fue sacado al filo de la medianoche de su vivienda, en Ayapal, departamento de Jinotega, por varios individuos armados que dejaron tirado su cadáver a cinco kilómetros de distancia. Apenas menos de un mes antes Cerrato había denunciado en declaraciones a LA PRENSA, que él y otros campesinos miembros del PLI fueron amenazados por efectivos militares y policiales que querían vincularlos con los alzados en armas que operan en la región. Cerrato relató entonces que el 5 de marzo pasado, a las 5:00 de la mañana, la vivienda en la que habitaba con su familia fue allanada violentamente por miembros del Ejército, que le hicieron preguntas intimidatorias sobre los alzados en armas.
El PLI y los organismos defensores de los derechos humanos demandan con toda razón que se investigue el caso y se identifique y castigue a los asesinos del campesino Cerrato. Pero las autoridades policiales y militares guardan silencio y se muestran indiferentes.
La Constitución proclama en su artículo 23 que “El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena de muerte”. Y en el artículo 46 declara que “en el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto…”
Pero es mentira, nada de eso se cumple. Así lo demuestran el asesinato del campesino Andrés Cerrato y todos los demás crímenes políticos que desde 2007 se han venido cometiendo en distintos lugares del país, como los de El Carrizo y Ciudad Darío, las ejecuciones sumarias de alzados en armas capturados en la montaña, e incluso asesinatos de personas ajenas a cualquier conflicto político y social como fue el caso de la familia acribillada por fuerzas especiales de la Policía, en Las Jagüitas de Managua.
Estos crímenes hay que repudiarlos, pero también llevar la cuenta de todos ellos porque cuando vuelva a haber libertad, democracia y justicia en Nicaragua, los culpables tendrán que ser juzgados y condenados.