La reforma parcial a la Ley Antidrogas (Ley 735), que faculta al presidente inconstitucional Daniel Ortega a nombrar un nuevo Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, fue aprobada con 64 votos de los diputados oficialistas, quienes no saben ni se cuestionan qué estaba mal para cambiar a los miembros del Consejo.
Uno de los argumentos más utilizados por los diputados orteguistas fue que el objetivo de la reforma es hacer más ágil la lucha contra el crimen organizado; sin embargo diputados como Filiberto Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Gobernación, y la presidente de la Comisión de Justicia, Irma Dávila, no tienen ni la menor idea y tampoco se mostraron interesados en saber qué instituciones nombrará Ortega en el Consejo Nacional. Tampoco saben qué instituciones no eran ágiles y cuáles sí lo son para luchar contra el crimen organizado.
La diputada Dávila dijo incluso que “no es asesora del presidente” para saber cuáles son las instituciones que nombrará el ejecutivo.
La reforma elimina la integración de los Consejos Departamentales, Regionales y Municipales en la lucha contra el crimen organizado, lo que fue considerado por los diputados opositores como violatorio a la autonomía municipal. También queda eliminado el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, que estaba integrado por 15 instituciones. Con la reforma su integración queda pendiente y a discreción de Ortega, a través de la reglamentación de la Ley 735. Además se elimina la obligación de rendir un informe anual de la gestión del Consejo Nacional y suprimen la posibilidad de que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional pida información de forma extraordinaria cuando lo requiera.
Al diputado opositor de la Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli), Carlos Langrand, le parece que se está “centralizando el poder de manera excesiva en la Presidencia, ignorando que el poder del Estado no es Ortega, sino que se compone de otros poderes”.
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El diputado Langrand agregó que al concentrar la lucha contra el crimen organizado en el ejecutivo, le está quitando facultades a actores locales, a los alcaldes, a las ONG que actúan en la prevención y educación de quienes se están rehabilitando por las drogas.
RECHAZADA MOCIÓN DEL PLI
Los diputados de la Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli) se abstuvieron de votar a favor o en contra de la reforma a la Ley 735, para proponer una moción al artículo 5, sobre las atribuciones del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado.
La moción, leída por el diputado Raúl Herrera ante el pleno, consistía en destinar el dinero obtenido de las incautaciones al crimen organizados, exclusivamente a los salarios de los maestros y médicos: 50 por ciento para salud y 50 por ciento para educación, a través del Presupuesto General de la República. Los diputados oficialistas —quienes tienen mayoría en el legislativo— votaron en contra de la moción.
RELAJO CON INCAUTACIONES
El diputado opositor de la Bapli, Carlos Langrand, manifestó que no está claro a quién le queda lo que se obtiene de las subastas de los bienes incautados al crimen organizado. Langrand también dijo que la reforma “atenta contra la independencia de poderes y contra el control legislativo, porque ahora es Daniel Ortega quien va a concentrar la información y va a decidir a quién se persigue y a quién se perdona en el crimen organizado”.
