Estados Unidos ha proporcionado información sobre hechos de corrupción de la Policía de Honduras a la comisión encargada del proceso de depuración del organismo de seguridad, informó este 21 de abril la embajada estadounidense en Tegucigalpa.
La legación diplomática de EE.UU. en Honduras indicó en un comunicado que la información entregada fue solicitada por la Comisión de Reestructuración y Reforma de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional de Honduras.
Enfatizó que la “gran mayoría” de esa información ya “había sido compartida” con el Gobierno de Honduras a través de “los mecanismos normales” que existen para reportar al país cuando la embajada estadounidense “da cuenta de que existen indicios creíbles que oficiales de la policía han estado involucrados en violaciones a los derechos humanos, tráfico de narcóticos u otros crímenes serios“.
El embajador estadounidense en el país, James Nealon, aseguró en la declaración que esa legación “no está investigando” a la Policía hondureña, ya que eso, dijo, “es labor de Honduras”.
Sin embargo, señaló que su país apoya “programas sustanciales de entrenamiento y de otros tipos para oficiales de policía” de Honduras.
“Las leyes de los Estados Unidos requieren que la Embajada esté confiada que el personal que recibe esa asistencia no esté involucrado en violaciones serias a los derechos humanos, tráfico de narcóticos, u otros crímenes que no sean compatibles con la política exterior de los Estados Unidos”, explicó el diplomático.
Estados Unidos, como país amigo de Honduras, “apoya los esfuerzos” de la comisión encargada de la depuración de la Policía de Honduras, juramentada el pasado día 12 por el presidente del país, Juan Orlando Hernández, añade la declaración.
Además considera que “es el deber de todos compartir la información que posee para que la depuración tenga éxito”.
Esa comisión esta integrada por la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales, el representante de la sociedad civil Omar Rivera, y el pastor evangélico Alberto Solórzano.
Como parte del proceso, la comisión confirmó este jueves la separación de 25 miembros de la Policía implicados en el asesinato en 2009 del zar antidrogas Julián Arístides González y el exasesor antidrogas Alfredo Landaverde, en 2011.
Los oficiales separados, cuya identidad no reveló, “están cesados de todo tipo de cargo y responsabilidad en el país mientras se le da seguimiento a esa denuncia”, subrayó el pastor Solórzano.
Esa comisión solicitó la separación de los miembros policiales después de que el diario hondureño El Heraldo y The New York Times reportaran en las últimas dos semanas sobre oficiales y mandos intermedios de la Policía Nacional que supuestamente participaron como autores intelectuales y materiales de González y Landaverde.
Según las publicaciones, la muerte de González fue supuestamente planificada por la cúpula de la Policía y mandos intermedios a petición de un narcotraficante hondureño.
El periódico estadounidense publicó la semana pasada los nombres de 25 miembros de la Policía Nacional, entre oficiales y mandos intermedios, presuntos asesinos, de los que algunos altos cargos han negado que hayan tenido participación en la muerte de González y Landaverde.
Esas publicaciones han ratificado las múltiples denuncias sobre la participación de agentes de la Policía de Honduras en crímenes, narcotráfico, robos, extorsión, violaciones a los derechos humanos y otros delitos.
