En el tercer día de juicio contra Álvaro Montealegre, Hugo Paguaga y Roberto Bendaña (este último juzgado ilegalmente en audiencia) por estafa agravada, ofrecimiento fraudulento y crimen organizado en perjuicio de al menos 17 víctimas, el Ministerio Público presentó ayer toda la prueba documental.
Entre estas, el acta constitutiva de la empresa Investment and Financial Services, Inc, propiedad de Montealegre, creada en Panamá, donde se detallan los socios entre ellos los acusados y la forma de operar.
También está el informe de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones financieras, (Siboif) de Nicaragua, donde dice literalmente que dicha empresa “no ha sido autorizada por la Siboif para captar y/o manejar inversiones”.
También están los certificados de inversión que les dieron a cada víctima, donde les ofrecían entre el 7 y 8.5 de interés anual. Unos correos electrónicos donde las víctimas solicitaban el pago de su capital más los intereses. Cada correo fue leído textualmente por la fiscal Grethel Fernández.
Tanto la Fiscalía como los acusadores particulares sostienen que tienen prueba suficiente contra los procesados, para declararlos culpables, sin embargo las defensas aseguran lo contrario y sostienen que este caso debe ventilarse en la vía civil y no en la penal.
“VÍCTIMAS ERAN INVERSIONISTAS”
“Toda la prueba que ha venido del Ministerio Público beneficia a mi defendido Álvaro Montealegre porque demuestra que las supuestas víctimas invirtieron en la empresa y renovaron sus certificados en múltiples ocasiones, porque se estaba cumpliendo con las obligaciones mercantiles, luego la empresa cayó en un estado de iliquidez y falta de pago, pero no fue estafa”, sostiene Juan Manuel Guerrero, abogado de Montealegre.
Según Guerrero con la prueba documental queda claro que las personas estaban invirtiendo en una sociedad anónima y no en un banco ni financiera ni microfinanciera.
“Cualquier persona letrada, más ellos que tienen de profesión economía, administradores, doctores, ingenieros, ex vicepresidentes de bancos, negociantes, inversionistas sabe la diferencia entre un certificado de inversión en una sociedad anónima y un certificado de depósito en un banco, ellos (víctimas) invirtieron no por ser amigos de Hugo o de Álvaro sino porque les pagaban intereses de 7 y 8.5 por ciento, querían ganar más dinero y cuando invertís corres riesgos”, agregó Guerrero.
Johana Fonseca, abogada de Paguaga también ha preguntado a los testigos víctimas si sabían que no estaban en un banco depositando sino invirtiendo en una empresa.
SÍ TRABAJA PAGA A VÍCTIMAS
Dos años han pasado desde que se abrió el proceso contra Álvaro Montealegre, Hugo Paguaga y Roberto Bendaña por presunta estafa contra al menos 17 víctimas que depositaban su dinero en una empresa creada por ellos, pero luego de un tiempo no pagaron los altos intereses ofrecidos ni el capital de los depositántes, ahora , Manuel Guerrero, abogado de Montealgre dice que si la Fiscalía l libera las propiedades incautadas a su representado éste podría trabajar y producir el dinero que necesita para pagar a los afectados, pero considera que la Fiscalía no tiene intenciones de que las víctimas recuperen su dinero. Contrario a esto la Fiscalía ha insistido que los procesados no quieren pagar porque las propiedades que ofrecen ya están embargadas e hipotecadas en bancos.
FISCALÍA DESLEAL
Según Juan Manuel Guerrero, abogado de Álvaro Montealegre, el Ministerio Público no ha actuado de forma transparente en este caso porque el año pasado cuando se le pagó a las monjas teresianas, quienes también invirtieron en la empresa Investment and Financial Services, Inc, U$ 526, 000, el trato en esa mediación incluía una cláusula donde Montealegre se comprometía a pagar en dos años a los demás afectados, pero las “monjas una vez con su dinero en mano no quisieron firmar”, dijo Guerrero.
