Siempre creí que el comandante Daniel Ortega, presidente de la República, no es de los que como mandatario le gusta recetarle la cárcel a sus adversarios, porque dicen que como él estuvo preso, entonces no lo permite. Lamentablemente, de acuerdo con los hechos, resulta contradictorio ese comportamiento anticarcelario, si echamos una retrospectiva mirada a la década de los ochenta, cuando las cárceles estaban saturadas de “reaccionarios” de la “derecha somocista y vendepatria” y ahora, en estos dos nuevos períodos que lleva en el Gobierno, ha habido encarcelados, pero lo que es peor, también ha habido muertes, y atroces por cierto, como la del campesino promotor de paz en la comunidad de San Martín de Daka en Ayapal, departamento de Jinotega, Andrés Cerrato, quien además fue salvajemente torturado con saña y criminalidad, mutilándole la lengua, degollado, con los brazos quebrados y una pierna lacerada, siendo aparentemente quienes lo amenazaron semanas antes de que lo mataran, miembros del Ejército de Nicaragua, institución que a su vez no se ha pronunciado al respecto, menos la Policía Nacional.
Esto es grave porque Nicaragua se sigue vendiendo como el país más seguro de América Latina, con una capital con un bajo índice de violencia y con una tasa de criminalidad muy por debajo de la de cualquier país centroamericano. Es más grave también, porque no hay indicios de esclarecer este atroz crimen y porque es inconcebible que hechos como estos se den en las montañas del país, de donde proviene mucha especulación política de grupos de rearmados o delincuenciales adversos al Gobierno y de grupos que están rearmándose porque ya no aguantan la falta de oportunidades, de libertades públicas como la transparencia electoral, los irrespetos a los derechos humanos, las amenazas de despojo de sus tierras y el brutal enriquecimiento de los gobernantes y sus allegados ante el desempleo y la miseria en que vive la mayoría del pueblo. Sea como sea, algo está ocurriendo en la montaña, como se decía por los años sesenta y setenta cuando irrumpía la guerrilla sandinista con sus mensajes de libertad y cambio ante los abusos de los Somoza.
Las declaraciones que han dado los diputados del Partido Liberal Independiente (PLI), Luis Callejas y Oscar Sobalvarro, después de haber viajado a Ayapal para conocer detalles de este crimen a la humanidad de Andrés Cerrato, ponen el dedo en la llaga sobre este inhumano comportamiento sea quien sea que lo haya cometido. Es más delicado y espinoso, si leemos las declaraciones de Sobalvarro, guerrillero de trayectoria, que fuera comandante de la Resistencia Nicaragüense, quien señala que tras dicho crimen existe terrorismo de Estado.
Y ese señalamiento dispara las alertas por todos lados, tanto para el presidente que en su época de luchador antisomocista fue prisionero varios años, como para la oposición política adversa al Gobierno, a la sociedad civil, a la comunidad internacional y sobre todo a la ciudadanía en general.
A Oscar Sobalvarro no le cabe la menor duda de que esta muerte de Cerrato es un claro mensaje que el partido de Gobierno y sus personeros están mandando a aquellas personas que han perdido el miedo, que están denunciando los abusos de poder y la existencia de grupos armados y denunciando los abusos del Ejército y la Policía en contra de la ciudadanía. Parece ser que desde los ochenta a esta época, el temor ha vuelto a ser sentido y sufrido por el campesinado.
Las declaraciones de Luis Callejas son tan dramáticas como las de Sobalvarro: hace una paráfrasis bíblica referente a que con la vara que midas serás medido. Afirma que en la medida que se incremente la represión y el asesinato terrorista de un Estado contra su población, también se incremente la “reacción de la población en contra de esos actos de violencia”.
Cerrato ya descansa en paz, mientras, esperamos el esclarecimiento de su crimen. No se debe jugar con fuego. Aquellos que lucharon contra una dictadura y hoy la implantan deben de convencerse que esta guerra que no cesa, debe terminar. Ellos conocen la causa. Las elecciones libres y transparentes, con observación nacional e internacional y el respeto a la decisión ciudadana derivará en la solución cívica.
El autor es miembro de la Mesa Directiva de la Coalición Nacional por la Democracia.
