En el año 2003 la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, comprendiendo que el sector forestal debía constituirse en un eje del desarrollo económico y social del país, promulgaron la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal, que fue publicada en La Gaceta el 4 de septiembre.
El objetivo de ese cuerpo legal era actualizar y modernizar el marco jurídico existente en materia forestal, con el fin de que fuese un instrumento que coadyuvara a la conservación, fomento y desarrollo sostenible del recurso forestal en armonía con lo establecido en la política forestal de Nicaragua.
De esta manera se dotó al sector forestal de un régimen jurídico moderno y ágil, que permitiera contribuir a la generación de empleos y a incrementar el nivel de vida de las poblaciones vinculadas mediante su involucramiento en las actividades y prácticas forestales.
Desde el sector privado aplaudimos esa iniciativa, ya que además de buscar cómo garantizar el cumplimiento de los Convenios Internacionales ratificados por nuestro país, estableció un marco para velar por la conservación de la biodiversidad, incluyendo las cuencas hidrográficas. Pero además se estaría fomentando el desarrollo de las plantaciones forestales, así como, la protección, conservación y la restauración de áreas forestales.
En los 12 años que han transcurrido desde que se promulgó la Ley se han plantado 22,000 hectáreas (31,000 manzanas), lo que significa aproximadamente un total de 20 millones de árboles.
Entre las especies plantadas hay especies introducidas como la Teca, Melina y Caoba Africana y especies nativas como el Pochote, Roble, Laurel y Pino principalmente.
El monto invertido a la fecha es de 110 millones, aproximadamente. Hay inversiones de Estados Unidos, Noruega, Suecia, Suiza, Francia y Centroamérica.
En este momento el sector, al establecerse el invierno, se está preparando para plantar otras 1,200 hectáreas (1,700 manzanas) o 1.1 millones de árboles.
Paralelamente, sin embargo, hemos visto desarrollarse una alarmante explotación irracional de nuestros bosques mediante la tala indiscriminada, el avance de la frontera agrícola, a lo que se ha sumado el problema de dos años de sequía, los incendios forestales y la afectación del gorgojo descortezador.
Las actividades ilegales están amenazando importantes áreas protegidas y nuestras tierras de vocación forestal, poniendo en peligro las fuentes de agua para consumo humano, la flora y fauna, la existencia de bosques naturales y la subsistencia de las comunidades y de la población en general.
Esa situación ha obligado a que el Gobierno haya suspendido la entrega de guías forestales y el otorgamiento de permisos de transporte y exportación de madera en todo el territorio, incluso para la madera proveniente de plantaciones forestales debidamente registradas en el Inafor.
En este sentido la posición de Cosep es que las plantaciones forestales no deben ser parte de esta medida gubernamental. Después de años de inversión, la industria legal de reforestación está haciendo la primera o segunda cosecha de sus plantaciones para exportar a nuevos mercados o para abastecer al mercado local.
Lo anterior puede tener repercusiones negativas en el empleo y las exportaciones del país, castigando en general a un amplio sector que vive directa o indirectamente de las actividades forestales legales, igual que a otros sectores, como la construcción, zona franca, agroindustria, energía y transporte, que son usuarios directos de productos de madera que se originan en estas plantaciones.
Pero además estaría transmitiendo un mensaje negativo para quienes invierten en cultivar árboles ahora, ya que no tendrían la seguridad de que podrán aprovecharlos y mantener una operación estable y eficiente de su inversión en el futuro, aunque estén legalmente cumpliendo con todas las regulaciones que rige a este sector.
Es necesario y ese es nuestro esfuerzo, hacer ver a las autoridades de gobierno, medios de comunicación y población en general, que lo que el sector privado promueve y defiende es el desarrollo de la industria de la madera cultivada en plantaciones forestales, la cual es legal y respetuosa de la política forestal; y por ello estamos en contra de las actividades ilícitas que están acabando con el bosque natural.
Por eso nuestra posición gremial desde Cosep y Confor es que las políticas forestales nacionales distingan claramente entre la madera cultivada en plantaciones y madera del bosque natural y, en consecuencia, se adopten medidas que busque cómo proteger el bosque natural y estimule la reforestación.
En Cosep estamos trabajando en ser parte de la solución cuidando los bosques naturales, pero también las plantaciones forestales.
El autor es presidente del Cosep.