Que la Defensoría Pública le suspenda los servicios gratuitos a un hombre con presunto poder adquisitivo, es la petición que Y.L.M.F. hizo por escrito al coordinador de esa institución en Matagalpa, Ramón Blandón, quejándose además de dos defensoras ante la Inspectoría Judicial en ese departamento.
En un escrito ante la Inspectoría Judicial, Y.L.M.F. se queja de la defensora pública Agne Medrano por presuntamente “violentar y desnaturalizar el principio de gratuidad (en los servicios de la Defensoría) hacia las personas de escasos recursos económicos”, al representar en causas penales a Edmundo Antonio Jarquín Moreno.
Los días 25 y 26 de abril, LA PRENSA buscó a Blandón, pero en la Defensoría Pública dijeron que él se encontraba fuera de la ciudad; mientras que la defensora pública Medrano, expresó que solo por orden de su jefe podría brindar entrevista sobre el caso.
En junio de 2015, Jarquín Moreno fue condenado a dos años de prisión por violencia física y violencia sicológica en perjuicio de Y.L.M.F., aunque en el mismo proceso penal, en el que fue representado por dos abogados particulares, fue absuelto de violación agravada contra la misma víctima.
Jarquín Moreno goza del beneficio de suspensión de pena, promovido por la defensora pública Medrano.
Aunque expuso el caso ante Blandón personalmente y por escrito, Y.L.M.F. sostiene que Medrano “continúa ejerciendo su defensa técnica (a Jarquín Moreno) en lugar de dedicar sus servicios legales a personas que realmente no pueden costear los honorarios de abogados privados”.
Asimismo, señala a Medrano de “extralimitarse” en su cargo, por supuestas diligencias que a criterio de Y.L.M.F. “no tiene razón de ser en el expediente judicial”.
Y.L.M.F. estima que Jarquín no puede ser beneficiado por los servicios de la Defensoría Pública, porque contrató a una abogada particular para impulsar varias acciones civiles, lo que “genera grandes costos”.