Martha Raquel Cabrera, quien es discapacitada y se moviliza en una silla de ruedas, no será reintegrada como recepcionista en la Asamblea Nacional porque la decisión de la junta directiva —que controlan los sandinistas— es no hacerlo, aun cuando la afectada tenga la Ley de su parte. Así se lo hizo saber a Cabrera el presidente de la Comisión Laboral de la Asamblea, el diputado opositor Alberto Lacayo.
“La Asamblea no la va a reintegrar independiente(mente) de lo que diga el juez” de los Juzgados Laborales en los que Cabrera emprendió una demanda por despido y por discriminación, refirió Lacayo.
Para Lacayo, la actitud de los sandinistas es “revanchismo político”, porque asegura que Cabrera fue despedida por expresar en varias ocasiones su desacuerdo con disposiciones laborales adoptadas por la administración de la Asamblea.
Lacayo explicó que se ofreció a negociar con el presidente de la Asamblea, René Núñez, y el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, “la opción de declarar con discapacidad permanente” a Cabrera para que el Seguro Social le pagara una pensión por esa condición y “tenga asistencia médica adecuada”. Esto fue rechazado por la extrabajadora.
Cabrera fue despedida el año pasado luego de 24 años de laborar en ese poder del Estado, en el que se aprueban las leyes que protegen los derechos de los trabajadores y sanciones contra empleadores que violentan el de personas en su condición.
SINDICALISTA SANDINISTA AMBIGUO
Luis Barbosa, de la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), aseguró que ofreció a Cabrera brindarle asesoramiento, “el que ella no aceptó”.
Barbosa, sindicalista orteguista, evadió pronunciarse sobre si se vulneraron los derechos laborales de Cabrera en la Asamblea Nacional.
Mientras la magistrada del Tribunal Nacional de Apelaciones, Arlen Jahoska Cuadra, evitó hablar del caso para no involucrarse, al no haber aún un fallo de un juez de lo laboral.
CONTRA SENTENCIAS DE SALA CONSTITUCIONAL
Los funcionarios brindaron las declaraciones sobre el caso de Cabrera en un foro de evaluación del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua.
El nuevo Código Laboral cumplirá en mayo tres años de vigencia.
Durante el foro representantes de centrales sindicales de oposición señalaron que el trabajo del Tribunal Laboral de Apelaciones debilita dos sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Claudia Espinoza, abogada litigante y directora sindical de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), reclamó en el evento a la magistrada Cuadra para que aclarara si la Sala Constitucional “creó jurisprudencia” con dos sentenciasen las que validaron que se redujera el salario a un trabajador y otra considerando que el convenio colectivo de las empresas eléctricas Disnorte y Dissur excedió la Ley al reconocer fuero sindical a 15 sindicalistas, y no a 13, considerando legal el despido de dos de estos.
MEJORAR APLICACIÓN
Roberto Moreno, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que lo positivo del nuevo Código Laboral es que los juicios son orales. Lo cuestionable, dijo el sindicalista, es que hay retardación, porque los jueces en primera instancia, según la Ley deben emitir sentencia a los 30 días y el Tribunal de Apelaciones de lo Laboral a los 60 días, pero tardan de 1 a 3 años. El Tribunal anunció capacitaciones a los jueces para disminuir la cantidad de demandas interpuestas por los trabajadores.
CASOS RESUELTOS
“La jurisprudencia en materia laboral la crea el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones”, fue la respuesta de la magistrada de ese órgano, Arlen Jahoska Cuadra, a las quejas de los sindicatos sobre las sentencias emitidas por la CSJ. La magistrada indicó que en 2005 emitieron 1,080 sentencias y que en lo que va de 2006 han sido 490.
