Ya sea a propósito o por error, el Gobierno no está haciendo lo correcto para contener la deforestación. En vez de actuar contra los depredadores de los bosques, ha impuesto más bien una veda en el corte, aprovechamiento y comercialización de la madera, perjudicando a los propietarios de las plantaciones forestales que practican la reforestación.
Las plantaciones forestales existen en muchos países, son parte de una estrategia de manejo forestal sustentable y producen materias primas maderables para su comercialización e industrialización. Se trata de una forma de explotación racional de la madera, asegurando la reforestación y protección de los bosques naturales. Las plantaciones forestales: no sustituyen los bosques naturales y son o pueden ser más productivas y crecer más rápidamente; sus operaciones son certificadas; previenen la degradación y erosión de los suelos; proporcionan nuevo hábitat, sombra y refugio para la vida silvestre; y, además de ser un negocio legítimo, generan riqueza, fuentes de trabajo y desarrollo rural.
Según el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, quien como le corresponde ha asumido la defensa de los reforestadores perjudicados por la política gubernamental, en sus reuniones con representantes del Gobierno para discutir sobre este problema les ha explicado la diferencia que hay entre la tala de los bosques naturales y las plantaciones forestales. Pero esto es algo que los funcionarios públicos del sector medioambiental y recursos naturales no pueden ignorar. Es inconcebible que no conozcan la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal, que, como lo ha mencionado el presidente del Cosep, fue promulgada en el año 2003 y desde entonces se han plantado en el país unos 20 millones de árboles en más de 30 mil manzanas de plantaciones forestales.
Y no solo eso. El Gobierno tiene también un excelente manual para el establecimiento de las plantaciones forestales, el cual fue elaborado por el Programa Socioambiental y de Desarrollo Forestal (Posaf) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contiene todas las orientaciones y regulaciones necesarias para la explotación maderera sustentable, de manera amigable con los bosques naturales y en general con el medio ambiente.
Esto quiere decir que si el Gobierno, con las medidas que ha dictado supuestamente para detener la explotación irracional de la madera actúa contra las plantaciones forestales, en vez de atacar a los depredadores de bosques que están arrasando hasta las reservas naturales protegidas internacionalmente, es porque no quiere encarar y resolver el problema.
O porque pretende ocultar y proteger a las mafias que están detrás del negocio criminal de la deforestación y la explotación ilegal de la madera.
