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Aecio Neves, Brasil

El senador de oposición brasileña Aecio Neves. LA PRENSA/EFE

Fiscalía brasileña pide autorización para investigar a líder de la oposición

Piden investigar al senador de la oposición Aecio Neves por su supuesta responsabilidad en los desvíos en la petrolera estatal Petrobras.

La Fiscalía brasileña pidió autorización a la Corte Suprema para abrir investigaciones contra varios políticos por su supuesta responsabilidad en los desvíos en la petrolera estatal Petrobras, entre los cuales figura el principal líder de la oposición, senador Aécio Neves, informaron fuentes oficiales.

La solicitud fue enviada a la máxima corte de justicia del país debido a que todos los acusados son parlamentarios y tienen fuero privilegiado, según la Procuraduría General de la República (Fiscalía).

Todos los congresistas que desea investigar el procurador general de la República, Rodrigo Janot, fueron citados en sus delaciones por el senador Delcidio do Amaral, exvocero del Gobierno en el Senado y que fue arrestado en diciembre en el marco de las investigaciones por el gigantesco escándalo de corrupción en Petrobras.

Do Amaral, el primer senador de Brasil en ser arrestado en pleno ejercicio de su mandato, fue liberado este año tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía para colaborar con las investigaciones y recibir rebajas en sus penas a cambio de denunciar a sus cómplices.

Con base en las delaciones del senador, la Fiscalía solicitó autorizaciones para abrir investigaciones contra Neves y contra el actual presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, contra quien ya hay cinco procesos en el Supremo por diversas acusaciones de corrupción.

Janot también solicitó para investigar al ministro de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Edinho Silva, importante colaborador de la presidenta, Dilma Rousseff, y su correligionario en el Partido de los Trabajadores (PT).

Igualmente, la Fiscalía quiere abrir una investigación contra varios dirigentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que era el principal aliado del PT en la coalición oficialista, rompió con el Gobierno el mes pasado y se convirtió en el principal impulsor del juicio político que el Congreso puede abrirle a Rousseff este mes para destituirla.

Entre los dirigentes del PMDB citados en la denuncia figuran el presidente del Senado, Renán Calheiros, y el actual líder de la formación, Romero Jucá, pero no el presidente del partido, el vicepresidente, Michel Temer, que asumirá la jefatura del Estado en caso de que Rousseff tenga que apartarse del poder para hacer frente al juicio político.

Contra Neves, el candidato derrotado por Rousseff en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre y que la semana pasada anunció que puede colaborar en un eventual gobierno de Temer, la Fiscalía pretende abrir dos procesos.

Por un lado, pretende investigar si recibió recursos desviados de la estatal Furnas Centrales Eléctricas y por otro, si promovió maniobras fiscales en el Banco Rural para ocultar pérdidas financieras de la gobernación de Minas Gerais, estado del que fue gobernador por ocho años.

Neves, en un comunicado divulgado por su asesoría, dijo considerar “absolutamente normal y necesario” que se investigue todo lo denunciado por el senador que colabora con la Justicia, lo que, en su opinión, le dará oportunidad de defenderse.

Asimismo, dijo que las acusaciones de Do Amaral en que cita a Neves “las hizo con base en cosas que escuchó de terceros” y sin “pruebas” de irregularidades.

El ministro Edinho Silva, acusado de recibir recursos ilegales cuando era tesorero de la campaña electoral de Rousseff en 2014, igualmente apoyó la apertura de las investigaciones para poder demostrar su inocencia.

En un comunicado manifestó que las acusaciones son “mentiras escandalosas” y reiteró que las donaciones a la campaña de Rousseff “fueron declaradas ante las autoridades electorales, que aprobaron las cuentas de campaña”.

En caso de que la Corte Suprema acepte las peticiones de la Fiscalía, las investigaciones se sumarán a las ya abiertas contra medio centenar de congresistas acusados de recibir sobornos por facilitar las corruptelas en Petrobras.

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