ANPDH desautoriza a magistrado Roberto Petray

Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos desautorizó al magistrado Roberto Petray, por usurpar funciones y hablar en nombre de esa asociación defensora de los derechos humanos.

Roberto Petray, derechos humanos

Roberto Petray, de la ANPDH. LA PRENSA/Archivo

Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) desautorizó este martes al magistrado de apelaciones Roberto Petray, por usurpar funciones y hablar en nombre de esa asociación defensora de los derechos humanos.

Roberto Petray, quién es magistrado de apelaciones de Estelí, informó públicamente de cuatro hipótesis de las cuáles él cree pesan en el crimen contra el promotor de paz Andrés Cerrato, asesinado el pasado 18 de abril, en Ayapal, Jinotega.

«Las declaraciones públicas emitidas por el magistrado Petray no las puede hacer a nombre de la Anpdh porque no es ni directivo, ni miembro afiliado de nuestra organización», aclaró Leiva.

En ese sentido Leiva aseguró que Petray debe aclarar en calidad de qué dio esas declaraciones «porque está usurpando atribuciones que no le corresponden, para dar un dictamen o una declaración».

Leiva aseguró que dar declaraciones o hipótesis de un caso tan delicado como el crimen de Cerrato, no le competen a Petray a quien le recordó que es un funcionario público del Poder Judicial y del Estado de Nicaragua.

«Nosotros como Anpdh estamos realizando un proceso investigativo y realmente compromete las gestiones en pro de los derechos humanos que hacemos como Anpdh», aclaró el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.

Por otro lado, el defensor de los derechos humanos informó que la organización dará a conocer sus investigaciones en relación al crimen de Cerrato, pero reiteró que Petray como funcionario de un Poder del Estado no puede vertír opiniones en el caso.

«Es muy delicado porque él es un funcionario del Poder Judicial y su gestión y sus opiniones no pueden estar vinculadas a la función que el ejerce porque es un funcionario del Estado de Nicaragua», reiteró Álvaro Leiva.

En otros asesinatos de excontras cuando se le ha preguntado la opinión ha argumentado que por ser funcionario publico y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no puede involucrarse.

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