Mientras medios oficialistas afirmaban que el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) firmaba un acuerdo de consentimiento para el uso de sus tierras para el Gran Canal, el presidente del GTR-K, Héctor Thomas, ratificaba que lo suscrito “es el convenio de consentimiento libre, previo e informado”.
Es decir, que lo firmado con el gobierno no es la autorización para el uso de las tierras, sino la firma de un documento donde se ratifica que sí hubo consulta libre, previa e informada, pero no significa que haya dado el aval para el uso de los territorios.
Según publicaron medios oficialistas, el acuerdo de consentimiento para el uso de tierras se firmó entre el GTR-K y la Comisión de Desarrollo del Gran Canal, e implica el arriendo de 263 kilómetros cuadrados del territorio.
Durante la firma —según Thomas— estuvieron presentes 16 de los 18 miembros del GTR-K, sin embargo, representantes de al menos tres de las nueve comunidades no asistieron.
Paralelo a la firma del acuerdo, Rupert Allen Claire Duncan, miembro del GTR-K y líder en Monkey Point, aseguró que “hay un acta firmada hace dos semanas, donde nosotros decimos que no vamos a firmar nada mientras no haya asesoría legal y no se haga la consulta libre, previa e informada, entonces nosotros no reconocemos ni esa firma ni ese consentimiento”.
Desde enero de 2014, varios líderes de comunidades como Monkey Point y Bangkukuk Taik, han venido denunciando la falta de un proceso de consulta de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales.
Manuel Coronel Kautz, presidente de la Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, aseguró que “el documento que se firmó es súper amplio y es público”, sin embargo, LA PRENSA consultó a algunos de los asistentes del evento y estos no recibieron copia de lo firmado.
Becky McCray, coordinadora de justicia comunitaria dentro del GTR-K, aseguró que “el gobierno actual ha estado haciendo divisiones en el gobierno territorial y gobiernos paralelos al legítimo.
Han dividido para que pueda avanzar su proyecto y conseguir con algunos líderes el aval, porque consentimiento no hay de parte de las comunidades, tampoco ha habido una consulta de acuerdo a los procedimientos legales establecidos a nivel nacional e internacional. Se han violentado desde los estatutos comunales hasta la constitución política”.