Centenares de campesinos de comunidades de Ayapal y San José de Bocay, en Jinotega, viven una odisea para que el Consejo Supremo Electoral (CSE) les pueda extender su cédula de identidad. La mayoría lleva meses haciendo fila en vano.
Santos Alejandro Palacios, de 56 años, asegura que tiene más de un mes pidiendo reposición de cédula y el CSE no le ha resuelto.
“Tengo un meses haciendo fila, pero siempre hay un argumento: primero nos dicen que no hay luz, si no que no hay papelería”, denunció.
Palacios asegura que la negativa de no entregarles la cédula es política. “Para mí es político, porque vamos a entrar a elecciones y no creo que haya otra razón”, expresó el ciudadano.
EMBARAZADAS EN LA FILA
A María Elena González, de 22 años, se le ve cansada y sostiene en sus brazos a un bebé haciendo una larga fila.
“Es primera vez que solicito cédula y espero me la puedan entregar”, expresó la joven campesina.
Xiomara Matute, también de 22 años, originaria de Ayapal, solicita cédula desde hace varios días, por lo que ha tenido que dormir en San José de Bocay.
“Tengo que hacer fila para que me den la cédula y pues tengo varias horas de hacer fila”, comentó la joven el pasado jueves.
LA PRENSA realizó un recorrido por San José de Bocay, Ayapal y sus comunidades y la población resiente que el CSE se burla de ellos y no les entrega la cédula.
Mauricio Picado Urbina, vicealcalde de San José de Bocay, asegura que darle largas a la población para negarles la cédula es por asuntos políticos.
“La estrategia de este gobierno es no dar la cédula, porque se aproximan unas elecciones y saben que la mayoría de la población somos opositores a este gobierno”, expresó Picado Urbina.
San José de Bocay es un municipio que tiene ochenta mil habitantes. Según autoridades de la Alcaldía, un alto porcentaje de quienes se identifican como opositores al Gobierno no tiene cédula.
“Por ser una población opositora es que no entregan la cédula, pese que la cédula es un derecho ciudadano, pero que este gobierno viola. Y como este voto no le favorece usa estas estrategias”, señaló el vicealcalde.
Byron Chamorro, presidente del PLI en Jinotega, asegura que negar las cédulas es el primer obstáculo del Gobierno por medio del poder electoral de cara a las elecciones.
“En San José de Bocay se gana 8 a 2, ese es el porcentaje y aquí tenemos una alcaldesa del PLI porque no pudieron robarse las elecciones y esto es una más de las violaciones de derechos humanos de este gobierno”, denunció Chamorro.
El presidente del PLI aseguró que hay gente con varios días que tiene que alejarse de sus hogares para viajar a San José de Bocay en busca de su cédula.
“Son violaciones a sus derechos humanos, durmiendo fuera de sus casas. Esto es triste y es aquí donde el Gobierno debería de ver cómo violentan los derechos humanos”, afirmó el político opositor.
La Alcaldía de San José de Bocay les brinda asistencia a los ciudadanos con agua, alimentación y hasta con albergues para dormir.
Daniel Zamora, de Belén, Ayapal, llegó a San José de Bocay con siete personas desde el miércoles para guiarlos en la solicitud de la cédula.
“A mi modo de pensar no entregan la cédula por cosas políticas para que el ciudadano no vote, ya que sin cédula no hay voto”, denunció Zamora, líder comunitario de la comunidad de Belén, ubicada a siete horas de Ayapal.
DENUNCIAN ANOMALÍAS TAMBIÉN EN EL CUÁ, WIWILÍ Y PANTASMA
En los municipios de El Cuá, Wiwilí y Pantasma también hay denuncias de anomalías.
Pablo Daniel Rizo, de El Cuá, aseguró que solicita su cédula desde el 2008.
“Yo no tengo cédula a mis 27 años, pero estoy insistiendo porque sin la cédula yo no soy ciudadano y no puedo hacer ningún tipo de trámite”, señaló Rizo.
Jesús Duarte, de la comunidad La Pita, también de El Cuá, asegura que sus visitas a la oficina de Cedulación ya son casi una actividad rutinaria.
“Yo he hecho viajes tras viajes y no me procesan mi solicitud de cédula y vengo con insistencia porque necesito mi cédula, sin ese documento no puedo hacer nada”, expresó.
Por su parte, Isidro Irías, presidente del Partido Liberal Independiente (PLI) en El Cuá, lamentó que el proceso de cedulación en el municipio esté siendo manipulado.
“Se supone que este es un país democrático y que la Constitución nos da el derecho a una cédula; sin embargo aquí si sos del partido de gobierno ahí nomás te entregan la cédula, pero si te presentás de otro partido no te la dan”, señaló Irías.
Marina Gallo viajó al casco urbano del municipio de Wiwilí desde la comunidad de Plan de Grama, pero se desilusionó nuevamente al serle negada la cédula de identidad.
“Me habían dicho que viniera con mi partida de nacimiento y con mi papá, pero ahora me dicen que debo traer dos testigos para que puedan hacerme la solicitud… Tendré que volver y me toca viajar muchas horas a mi comunidad”, lamentó Gallo.
Mauricio Antonio Chavarría, de 27 años, asegura, en cambio, que hasta ahora está solicitando su documento de identidad.
“Tengo como un mes de estarla solicitando y para eso hay que tener paciencia… sin la cédula no podría hacer ningún tipo de gestión”, dijo.
Se le consultó a Edwin Colindres, encargado de Cedulación de Wiwilí, sobre las denuncias, pero explicó que no estaba autorizado para comentar sobre el proceso de cedulación.
“No estoy autorizado para hablar”, señaló el funcionario.
DENUNCIAS EN PANTASMA
LA PRENSA también realizó un recorrido por el municipio de Pantasma, lugar en el que de acuerdo con Alcides Urrutia, orientador de Cedulación, el proceso se está llevando de forma normal.
“En realidad aquí sí se está cedulando normal desde hace un mes que instalaron la oficina de Cedulación”, reportó Urrutia.
Sin embargo el ciudadano explicó que se están dando algunas anomalías que impiden, sobre todo a los jóvenes, poder contar con su cédula.
“Por ejemplo, a los jóvenes de 21 años en adelante se les está pidiendo tarjeta de vacunación, de bautismo y una carta religiosa si es católico o evangélico y eso está fuera de los trámites que se incluyen en la solicitud del proceso de cedulación”, lamentó Urrutia.
La cedulación ha sido usada como arma por el FSLN para castigar a los ciudadanos que no son militantes de ese partido, según denuncias de organizaciones sociales.