La Justicia de Honduras impuso el domingo 8 de abril prisión preventiva y auto de formal procesamiento a los cuatro presuntos implicados en el asesinato, el 3 de marzo, de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, informaron fuentes judiciales.
El juez hondureño que instruye la causa admitió una acusación del Ministerio Público contra los sospechosos por el asesinato de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra el activista mexicano Gustavo Castro, director de la asociación Otros Mundos Chiapas y único testigo del crimen.
La portavoz del tribunal que lleva el caso, Bárbara Castillo, dijo a los periodistas que a los cuatro sospechosos se les dictó “auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva”.
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Los acusados son Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado; y Sergio Rodríguez, ejecutivo de la empresa Agua Zarca que impulsa un proyecto hidroeléctrico en el occidente de Honduras, al que se oponía Cáceres.
Berta Cáceres fue asesinada el pasado 3 de marzo en la ciudad occidental de La Esperanza, donde residía, al parecer por dos hombres armados.
Los presuntos autores intelectuales y materiales del crimen de la dirigente ambientalista fueron capturados el pasado lunes en allanamientos simultáneos ejecutados en Tegucigalpa y la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, en el marco de la “Operación Jaguar”.
El mismo lunes que fueron detenidos los cuatro sospechosos fue arrestado Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson Duarte, pero se le había dejado en libertad en la ciudad caribeña de La Ceiba.
Sin embargo, el viernes el Ministerio Público hizo un requerimiento fiscal de Duarte, quien, según investigaciones, tenía en su poder el arma con la que Cáceres fue asesinada, por lo que ese mismo día fue trasladado a Tegucigalpa para comparecer ante un juez en los próximos días.
El juez, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, ordenó que los acusados sean trasladados a la Penitenciaria Nacional, la principal cárcel del país, situada en el extremo norte de Tegucigalpa.
En un plazo de entre 60 a 120 días se celebrará una audiencia preliminar en la que el juez decidirá si los sospechosos serán enjuiciados o no por los delitos que le imputa el Ministerio Público, dijo a los periodistas el portavoz del organismo judicial, Yuri Mora.
No obstante, señaló que la defensa de los sospechosos decidirá en los próximos días si presenta un recurso para apelar el fallo del juez.
Mora expresó la “satisfacción” del Ministerio Público por la resolución, y aseguró que ese organismo judicial pudo comprobar ante el juez que los sospechosos “están involucrados en este asesinato”.
El portavoz judicial corroboró lo adelantado el sábado por Omar Menjívar, abogado de la familia de Cáceres, sobre una sexta persona implicada en el asesinato que está prófuga de la Justicia, aunque no precisó más detalles.
Cáceres, quien además coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), denunció en varias ocasiones que era amenazada de muerte, lo mismo que varios miembros de su familia, por su oposición a la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas.
La familia de la dirigente de la etnia lenca exige que un equipo de expertos internacionales coordinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participe en la investigación del crimen por su desconfianza en las instituciones hondureñas.