La Riviera en Nicaragua, empresa del Grupo Waked International S.A. (WISA), informó a través de su página en Facebook que no pueden continuar aceptando tarjetas de crédito en sus tiendas en Nicaragua, únicamente efectivo, lo que supone el bloqueo de este método de pago.
Aunque desde hace días las empresas norteamericanas Visa y Mastercard rompieron los contratos con WISA para el sistema de pago al crédito con bancos, hasta ayer se oficializó la medida en Nicaragua.
“Disculpen los inconvenientes que podamos ocasionarles en este momento al no poder aceptar tarjetas de crédito”, publicó La Riviera en su página en Facebook.
“Visa es una marca de Estados Unidos, cuando sale cualquier orden de que ponen a cualquier persona en esa lista (como organización de blanqueo de dinero) automáticamente uno se tiene que restringir de hacer transacciones con esa empresa”, explicó el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), Juan Carlos Argüello.
Por otra parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo que existe una “solicitud que han hecho los trabajadores de estas tiendas al presidente de Panamá (Juan Carlos Varela)”, para pedirle al gobierno de ese país que haga algo por proteger el trabajo que ofrecen dichas tiendas en Nicaragua.
Además, insistió en que esta es una situación que está vinculada directamente a una circunstancia que se presenta en aquel país y que no hay ningún impacto específico en el sector empresarial ni bancario de Nicaragua.
Tiendas La Riviera, con presencia en el mercado nacional desde 2007, es una más de la familia panameña del magnate Adbul Waked, señalado por el Gobierno de Estados Unidos de ser líder de una organización dedicada al blanqueo de capitales y narcotráfico.
EN PANAMÁ
El gremio de abogados de Panamá dijo ayer que Estados Unidos cometió una “injerencia” al acusar de blanqueo de dinero al grupo empresarial panameño de la familia Waked, y que ese señalamiento pone “en peligro” numerosas inversiones y puestos de trabajo.
Estos hechos “vulneran nuestra soberanía, nuestra constitución, nuestras leyes y nuestras instituciones de derecho”, denunció el Colegio Nacional de Abogados de Panamá en un comunicado.
