La caída del megaproyecto hidroeléctrico Tumarín (253 megavatios), adjudicado directamente por el Gobierno de Nicaragua al consorcio de capital brasileño que en Nicaragua constituyó Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN) desde 2009 y que a lo largo de siete años tuvo nueve prórrogas, dejó un enorme agujero en los planes de expansión energética del Gobierno. Además, encendió de nuevo la polémica sobre la política del ejecutivo de mantener congelados los procesos de licitación para adjudicar nuevos proyectos eléctricos.
Esta política de cero licitaciones ha permitido que el mercado de generación energético del país esté sea el más caro de la región centroamericana, y sea controlado por diversas generadoras —la mayoría sin trascendencia en el sector internacional— que se han asentado para repartirse la capacidad de generación del país, que actualmente supera los 1,300 megavatios de energía disponible (Ver infografía).
El pedazo más grande de este pastel energético se lo come la denominada empresa AlbaGeneración, vinculada a allegados de la familia presidencial, que tiene una capacidad (actual) de aportar 153 megavatios, más del 25 por ciento de una demanda de electricidad que en hora pico puede alcanzar los 600 megavatios, un poco más si se toman en cuenta coyunturas como festividades nacionales.
Todo comenzó con el decreto 18-2008 emitido por el actual presidente inconstitucional Daniel Ortega el 14 de abril de 2008, que reformó el reglamento de la Ley 272 de la Industria Eléctrica y eliminó de un tajo el requerimiento de contratar generación eléctrica solo de aquellos contratos generados por licitación, nacionales o internacionales.
Posteriormente, el mandatario también sacó a la distribuidora eléctrica de todos los procesos de negociación con las generadoras energéticas y dejó esta tarea al Ministerio de Energía y Minas (MEM), entidad subordinada al poder ejecutivo. Esto provocó que desde 2008 a la fecha no se hayan llevado a cabo licitaciones en el mercado energético.
La excusa del Gobierno para mantener dicha política es la emergencia energética que enfrentaba el país ypero que fue superada en 2009.
¡Fíjense, la energía! Cuando llegamos al Gobierno no había energía en Nicaragua, el racionamiento era terrible. Y el problema no era por sequía, simplemente en 16 años de neoliberalismo no hubieron inversiones a fondo para poder dotar a Nicaragua”. Daniel Ortega, presidente inconstitucional durante un acto por el Día de los Trabajadores, el 29 de abril de 2016.
INE PROMETE LICITACIONES
David Castillo, presidente del Instituto Nicaragüense de Energía, ente regulador del sector eléctrico, reveló a este Diario que los nuevos contratos a futuro serán licitados, eliminando los contratos directos.
“Es que las licitaciones siempre están. Lo que había era una excepción. Lo que pasa es si había falta de energía o racionamientos, y venía alguien con un precio dentro de la media del mercado, se podía contratar directo”, dijo Castillo.
LA PRENSA buscó confirmar esta información con el titular del MEM, Salvador Mansell, durante la actividad de inauguración de la planta de biomasa Montelimar. Sin embargo, el funcionario público evadió a este Diario, negándose a responder cualquier pregunta sobre el tema, pese a nuestra constante insistencia.
LICITACIONES ES IGUAL A MEJOR PRECIO
César Zamora, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Energía, también reveló que en las más recientes reuniones con el Gobierno, se dejó claro la necesidad de abrir el mercado energético nacional a las licitaciones, en busca de un mejor precio que se traduzca en una tarifa por consumo eléctrico más competitiva. Zamora insistió en que la nueva bandera por parte de la Cámara es hacerle ver al Gobierno la necesidad de dar paso a estos procesos.
“Lo que se ha establecido a través de la Cámara, con las autoridades, es que de cara al futuro, los próximos proyectos de energía renovable que entren al sistema, la posición es que sean licitados. Ahora, si se diera una licitación y el que va a ganar es generación con búnker, entonces le estamos diciendo al Gobierno que se tome en cuenta la eficiencia de su tecnología. Se tiene que establecer la banda de precios que el Gobierno estime, y ver si hay inversionistas dispuestos a invertir con esa banda de precios, y que gane la mejor oferta. Solo con este sistema se puede garantizar que haya la mayor transparencia y el mejor precio posible”, aseguró el empresario.
La competencia que se da en los procesos de licitación, si son bien manejados, pueden llevar a una reducción de la tarifa. Todos los proyectos que tienen que entrar de ahora en adelante en el sistema, tienen que apuntar a bajar la tarifa”. César Zamora, presidente de la Cámara de la Energía.
CONTRATOS DIRECTOS PERJUDICIALES
Fernando Bárcenas, ingeniero eléctrico y quien fue presidente del Consejo de Operaciones del Mercado Energético Mayorista en el 2003, ha sido un abanderado de suprimir los contratos directos, algo que de acuerdo con sus estimaciones debió haberse hecho cuando se superó la emergencia hace seis años.
Según este especialista, los contratos directos otorgados en estos períodos han traído sobrecostos a la tarifa eléctrica. Además, ha dado pie a que se dé todo tipo de arreglos.
“Se quita la salvaguarda de que lo que se va a trasladar a la tarifa sea parte de una competencia sana o transparente. Al quitar las licitaciones, entonces se queda a merced de lo que el inversionista diga, dándole más fuerza a lo que el inversionista pida y exija. El inversionista pone en claro bajo qué condiciones entrar al mercado. En las licitaciones, es el Estado por medio de sus entidades que pone las condiciones técnicas para poder entrar al proceso, de acuerdo con la normativa de generación vigente”, afirmó Bárcenas.
Los precios negociados en los contratos directos en Nicaragua han provocado que el país tenga la tarifa de energía más alta de la región centroamericana. Especialistas y funcionarios del sector vinculados al Gobierno, consultados bajo condición de anonimato, insistieron en que los precios de los contratos no están por encima del precio promedio centroamericano.
“En lo referente a los contratos de energía renovables, el mecanismo de contratación directa y tarifas que se negociaron no fueron malas para el país en comparación con la región centroamericana. Todos los contratos en la región centroamericana salieron por encima de las tarifas establecidas en los contratos directos en Nicaragua. Tal vez en la parte eólica se hubiesen negociado tarifas más bajas, pero en realidad se quedó con tarifas competitivas”, explicó uno de los consultados.
CONTRATOS CON RENOVABLES POR ENCIMA DEL BÚNKER
La definición de los precios de los contratos directos con energía renovable quedó establecida bajo el decreto ejecutivo 08-2009, aprobado el 5 de febrero de 2009 en una nueva reforma al reglamento de la Ley 272 de la Industria Eléctrica. En síntesis, el precio de negociación de dichos contratos directos según esta modificación tomaría como referente un precio de 85 dólares por barril de búnker fuel oil.
“En las circunstancias actuales, las energías renovables andan entre los 100 y 105 dólares el megavatio hora, según el contrato firmado. Pero las de búnker fuel oil oscilan entre los 70 y 75 dólares. Y en estas circunstancias, cuando hay más aporte de las energías renovables, se tiene que priorizar su despacho al sistema”, explicó David Castillo, presidente del INE.
EL REGALO A ALBAGENERACIÓN
Eliseo Núñez, diputado del Partido Liberal Independiente y miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, expresó que los mayores beneficiados con los contratos directos fueron la red de plantas térmicas de AlbaGeneración, controladas por allegados a la familia Ortega Murillo.
“Las plantas eólicas tienen la limitante que deben ser respaldadas por capacidad de generación térmica o nuclear que garantice la consistencia en el servicio. Al final del día las eólicas han representado el prorrogarle la vida a las plantas térmicas. Esto es un claro beneficio para las empresas ligadas al grupo de (presidente) Ortega, quienes a través de Albanisa opera un alto porcentaje de la generación térmica”, dijo Núñez.
Albanisa ha logrado incorporar 293 megavatios al sistema de energía de manera directa. 153 ya forman parte de la oferta energética, y 140 que se incorporarán gradualmente durante este año para suplir las plantas estatales que tienen más de 50 años de operar y que serán retiradas del sistema. Solamente 40 megavatios son de energía renovable (eólico) por medio de la planta Camilo Ortega, un proyecto que fue presentado como estatal al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en su visita a Nicaragua en julio del 2014, cuando en realidad es privado.
La limitante de las generadoras eólicas, a la que se refiere el diputado Núñez, es el autodespacho: la capacidad de entrar directamente al sistema de despacho energético cuando está en capacidad operativa, es decir, cuando el viento sople para activar a los aerogeneradores. Sin viento que corra, las eólicas no pueden despachar energía al sistema.
El hecho que haya tanta energía eólica que dependa del autodespacho es parte de las perturbaciones al sistema energético que cuestiona el ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas.
“Cuando entran 200 megavatios de energía eólica, de una demanda de 600 megavatios, que es energía que se despacha solita, y que además es energía cara y aun así entrás y me sacás energía más barata, me estás perturbando un despacho óptimo económico. No es solo el precio que te estoy pagando, sino energía más barata la que me estás sacando. Tengo que dejar entrar energía de 110 dólares por megavatio hora y sacar plantas que me lo pueden vender en 47”, señaló Bárcenas.
El ingeniero eléctrico insiste en que el problema en este caso fue que no hubo una planificación de las autoridades energéticas del país para encontrar un balance óptimo entre la capacidad de generación renovable que se despache al sistema de acuerdo con los estados de ánimo de la naturaleza, y aquella energía que está disponible para entrar al sistema cuando el Centro Nacional de Despacho de Carga lo exija.
COSTOS JUSTIFICADOS
Sean Porter, gerente País de Globeleq Mesoamerica Energy, y quien está al frente actualmente de la generadora eólica Eolo, y anteriormente estuvo en Amayo (el primer gran proyecto eólico del país), expresó que los principales factores al calcular el precio de la generación eólica son los precios de los equipos al momento del pedido (aerogeneradores y equipos de alto y medio voltaje), la calidad de los recursos (velocidad, frecuencia y consistencia del viento) y los costos del financiamiento del proyecto.
“Dependiendo de cómo interactúan esos factores, puede haber variaciones en el precio requerido para cada proyecto. Por ejemplo, mucho depende de la cronología: Cuando el precio de combustible está alto, los equipos cuestan más porque su fabricación lleva muchos insumos que dependen del petróleo (acero, transporte, etc). Asimismo, la calidad del recurso impacta el volumen de energía que se va a poder vender, así que, si un proyecto está ubicado en un lugar con condiciones menos favorables, se va a generar menos energía y, por ende, requiere más por megavatio-hora para poder operar las instalaciones y pagar a los que financiaron la construcción. El costo de financiamiento se basa, principalmente, en qué país se hará la inversión: por cómo se perciben los riesgos en cada jurisdicción, los acreedores determinan cuánto es ese costo”, expresó Porter en una comunicación enviada por correo electrónico a consulta de LA PRENSA.
EÓLICOS FUERON CONCESIONES DIRECTAS
El proyecto eólico Amayo, en sus fases I y II, así como Eolo y Albavientos fueron concesionados de acuerdo con las reformas a la Ley 272 de la Industria Eléctrica que dieron pie precisamente a los contratos directos.
César Zamora, director de la Cámara Nicaragüense de la Energía, recordó que el problema con Amayo fue que cuando se licitó no se tuvieron ofertas, por lo que se tuvo que pasar a negociar directamente con los inversionistas.
Fernando Bárcenas relató que Amayo fue negociado de forma directa y que él fue uno de los principales participantes de la misma en representación de la distribuidora eléctrica.
Sin embargo, Sean Porter explicó que los proyectos eólicos tienen una ventaja sobre los térmicos, que a la postre terminarían abaratando costos.
“No hay que perder de vista que los contractos renovables actúan como una póliza de seguros para el sistema y los consumidores. Por ejemplo, si mañana el precio de combustible fuera a duplicarse, las plantas térmicas tendrían que cobrar doble, mientras las renovables seguirían con el mismo precio. Ese fenómeno es lo que experimentamos entre 2008 y 2014, es decir que durante este periodo las plantas térmicas cobraban entre 150 y 250 dólares (y en ciertos casos más) por megavatio hora, mientras las plantas renovables seguían su curso normal de vender energía entre 80-110 dólares por megavatio hora”, explicó.
En la negociación directa, es el inversionista quien pone las condiciones. Es el que dice, ‘ah, vos querés que yo entre al negocio’, esto es lo que pido. Decide en qué invertir y cómo invertir. Y si hay problemas, llama a su padrino político”. Fernando Bárcenas, ingeniero eléctrico.
EL “CRIMEN” DE LA BARCAZA
En 2006, en una medida de emergencia para enfrentar los apagones provocados por las deudas de la distribuidora eléctrica Unión Fenosa con los generadores y la incapacidad del sector para satisfacer la demanda, el gobierno de Enrique Bolaños buscó contratar una barcaza para suplir la electricidad faltante.
Sin embargo, el Frente Sandinista en contubernio con sus aliados políticos del Partido Liberal Constitucionalista, bloquearon la contratación de la barcaza, alegando que esta no podía ser contratada directamente por el Gobierno, pese a la emergencia. Esta medida es hoy calificada por el ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas como un “crimen” en contra del país.
“Ese era un contratito con una barcaza, que la paró el sandinismo por razones políticas. Esa barcaza venía a Nicaragua a sacarla de la crisis y no era necesario amortizar la inversión de la planta, porque solo se establecía que estuviese por el tiempo necesario. O sea, si la necesitaban dos años, en dos años apagaba y se iba. Era un contrato de crisis que venía a salvar la crisis. Es un crimen que no hayan permitido la barcaza”, recordó Bárcenas.
Debido a esta medida, el país se sumió en una serie de apagones que fueron aprovechados políticamente por el Frente Sandinista para alcanzar el poder.