El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se arrogó amplias facultades para preservar la seguridad y paliar la escasez de alimentos y medicinas en el marco de un estado de excepción con el que enfrentará la ofensiva opositora para sacarlo del poder.
El decreto, vigente desde el pasado viernes por 60 días y publicado este lunes, faculta al mandatario a dictar las “medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime convenientes”. Entre las justificaciones, la ordenanza indica que la oposición -mayoritaria en el Parlamento- pretende el “desconocimiento de todos los poderes públicos” e impulsa la “interrupción del período” de Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.
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También alude a un vínculo entre opositores y grupos criminales “financiados desde el exterior” para generar “problemas de orden público” que “justifiquen una intervención de poderes extranjeros”.
Aunque el decreto no precisa restricciones al derecho de protesta y reunión, habilita al gobierno para “ejecutar planes especiales de seguridad que garanticen el sostenimiento del orden público”.
Además, ordena a la Fuerza Armada Bolivariana y demás órganos de seguridad “garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad”.
Esto, en coordinación con los recién creados Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), grupos de ciudadanos que se encargarán de la entrega directa de alimentos subsidiados -en grave escasez- para evitar que terminen en manos de contrabandistas.
Maduro le atribuyó además a esos colectivos “funciones de vigilancia y organización”, conjuntamente con la Fuerza Armada y la Policía, “para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del país”.
“PUEBLO CONTRA PUEBLO”
Creados en abril, los CLAP entregan bolsas de alimentos puerta a puerta, a través de una “tarjeta de abastecimiento” disponible para beneficiarios de programas sociales.
La decisión de adjudicarles tareas de vigilancia y control fue criticada por el reconocido activista de derechos humanos Marino Alvarado, quien sostuvo que “abre el camino para un enfrentamiento pueblo contra pueblo”.
“Poner a civiles a ejercer control social promueve la violencia política porque estos grupos ahora están autorizados para reprimir el creciente descontento social”, añadió.
El articulado también prevé definir rubros prioritarios para las compras del Estado y la “asignación directa de divisas”, en fuerte sequía por el desplome de los precios del petróleo, “sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros poderes públicos”.
Para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, el gobernante socialista también queda facultado para ajustar la jornada laboral en el sector privado, y no solo en el público, donde ésta se redujo a dos días a la semana, hasta el 27 de mayo, para ahorrar energía.
El gobierno ya aplica un plan de racionamiento de cuatro horas diarias en casi todo el país.
ESTADO DE EXCEPCIÓN A PRUEBA
En la primera medida bajo el estado de excepción, Maduro llamó el sábado a los consejos comunales (base de los CLAP) a tomar las fábricas paradas.
Con ello puso en la mira cuatro plantas cerveceras de Polar -principal productor de alimentos y bebidas del país-, cesadas por falta de divisas para comprar insumos dentro del férreo control de cambios.
Además, convocó para el próximo sábado a ejercicios militares, acusando al expresidente colombiano Álvaro Uribe de pedir “una intervención armada” en Venezuela.
El estado de excepción podría entrar a prueba el miércoles, para cuando la oposición convocó protestas ante las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) exigiendo que acelere la activación del revocatorio.
El gobierno instalará el mismo día una feria en las adyacencias del Poder Electoral, en el centro de Caracas, y advirtió que negará el permiso para que los opositores lleguen al CNE.
“Ellos no quieren referéndum, quieren un golpe de Estado, calentar la calle”, aseguró este lunes Jorge Rodríguez, coordinador de una comisión oficialista que vigila la revisión de las firmas entregadas para que se active la consulta.
La oposición quiere realizar el referendo este año, pues si se lo hace después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del período presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.
En caso contrario, se convocará a elecciones.
“El revocatorio sí puede y debe ser este año (…). El tiempo sí da, pero tenemos que estar en la calle exigiendo que se cumplan las normas”, insistió este lunes el líder opositor Henrique Capriles.
El CNE anunció que la auditoría de las firmas finalizará el 2 de junio, mientras que la oposición proyecta que la consulta se haga a fines de 2016.
La Asamblea debatirá el decreto este martes, dándose por descontado que la mayoría opositora lo rechazará.
Sin embargo, el texto también será evaluado por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha anulado leyes prioritarias aprobadas por la oposición, que lo acusa de ser “el bufete jurídico” del gobierno.