En la reducción de pobreza los programas, insignias del Gobierno: Hambre Cero y Usura Cero, han sido los que menos han impactado en esta lucha, según una investigación publicada por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El estudio Incidencia de la política fiscal en la desigualdad y la pobreza revela que ambos programas llegan a nicaragüenses que no son pobres y que viven principalmente en zonas urbanas.
“Un resultado que llama la atención es que el programa Hambre Cero evidencia ser un programa no pobre y progresivo solo en términos relativos, lo cual podría estar indicando graves problemas de focalización”, alerta el estudio.
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El programa Hambre Cero inició en 2007 y está orientado a familias en condición de pobreza con hijos e hijas menores de 18 años y mujeres en estado de gestación; su población objetivo también incluye a familias en pobreza extrema, independientemente de si el hogar tiene hijos menores de 18 años o no, recuerda el organismo.
Ricardo Barrientos, economista senior del Icefi, explicó que el 45 por ciento de los nicaragüenses, que están en el área urbana y que son beneficiarios de este programa, son considerados como no pobre.
El estudio señala que si bien este programa ha ayudado a los beneficiarios considerados pobres a mejorar sus ingresos, el Hambre Cero en términos generales “no parece reflejar acciones focalizadas a reducir pobreza, pues atiende a beneficiarios en los diferentes deciles (grupos de población clasificados según su situación económica) de ingresos del área rural”, sostiene.
CASO DRAMÁTICO
Sobre el Usura Cero, menciona que el 35 por ciento de los beneficiarios no son pobres y a los que llega considerados como pobres están asentados en la zona urbana, según el análisis.
El impacto de este programa el Icefi lo describe así: “Un caso más dramático es el programa de transferencias Usura Cero, pues su efecto es casi nulo en el área urbana y completamente nulo en la rural” en cuanto a la incidencia en la reducción de pobreza y desigualdad.
A través del Usura Cero los beneficiarios, en su mayoría dueños de pequeños negocios, reciben préstamos. Según el estudio, el 71 por ciento de los beneficiarios a nivel nacional de este programa son considerados como no pobres.
De ahí, el Icefi instó al Gobierno a revisar los mecanismos de focalización de ambos programas “y evaluar la posibilidad de incrementar su monto solo después de mejorar la eficacia en la reducción de la pobreza y la desigualdad”. Ambos programas se financian con el Presupuesto General de la República, aunque antes era con dinero de la cooperación de Venezuela, la que está en declive.