La lucha contra la corrupción estatal en el actual Gobierno de Daniel Ortega se ha centrado en los de abajo, es decir en el personal de menor rango, según el glosario de judicialización de casos de corrupción de más “relevancia”, vistos por la Procuraduría General de la República, (PGR) entre el 2007 y febrero del 2016.
En el informe la PGR registra 45 casos de corrupción y entre los acusados y condenados figuran cajeras, vigilantes, jefes de bodega, recolectores, delegados de transporte, asistentes ejecutivas entre otros.
MUCHOS DE LOS CASOS AÚN ESTÁN EN PROCESOS
Uno de ellos es el de Jairo Aguirre Estrada y Ramón Rodríguez, exresponsable de bodegas y exjefe de vigilancia, respectivamente del Instituto Nicaragüense de Deportes, que según el informe de la PGR sustrajeron 540 balones valorados en C$ 501,738.76, el caso está suspendido y ellos fueron declarados rebeldes por el Juzgado tercero Penal de Audiencia de Managua.
“Esto denota que hay una corrupción generalizada en el Estado, pero se investigan y procesan casos de menor cuantía, a los cuadros medios y altos no se persiguen ni investigan, por eso hay un ambiente de impunidad”, expresó el abogado y exdiputado José Pallais.
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Otro caso es el de María Socorro Hernández, ex asistente ejecutiva de vicecancillería, quien falsificó la firma en 37 cheques y logró sacar C$ 1.2 millones al erario y fue condenada por peculado a ocho años de cárcel.
OTROS CASOS ENJUICIADOS
Entre los casos de corrupción estatal reportados contra el Estado también está el de José Dolores Gutiérrez Alfaro, quien era programador de ENABAS, e Hildebrando Mercado, facturador, quienes valiéndose de las funciones propias de sus cargos y en conjunto con el particular Salomon Maradiaga Lanza aparentaron pagos fantasmas a favor de ENABAS, para apropiarse de productos básicos, situación que causó un perjuicio económico al estado por C$11,473,590.70. Todos los acusados fueron condenados.
Otro caso es el Delma Rosa Mediante Silva, en su condición de Cajera Temporal de la delegación del INSS “José Benito Escobar” ilícitamente se apropió de C$ 49,969.20. actualmente la causa se encuentra radicada ante el Juzgado noveno de Audiencias de Managua, pendiente de celebración de audiencia inicial-preliminar. Este hecho ocurrió de enero del 2010 a enero del 2011.
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INSTITUCIONES CIEGAS
Para el penalista Alberto Novoa, las instituciones públicas encargadas de combatir la corrupción no tienen voluntad para investigar los casos grandes de corrupción que lesionan en gran manera al erario público y se dedican a las “raterías estatales”. “La Contraloría General de la República está pintada, no cumple su papel de fiscalización porque está partidarizada, es infuncional. El caso de corrupción contra Walter Porras exdirector de la DGI, fue claro y no se investigó; el caso de préstamos del INSS también fue documentado por los medios de comunicación y no se investigó, porque simplemente no les interesa”, dijo Novoa.