En cuestión de días Costa Rica terminará el documento con el cobro que le presentará a Nicaragua por el daño ambiental provocado al abrir caños en un extremo de 2.6 kilómetros de longitud en Isla Calero o Harbour Head, ubicada cerca de la desembocadura del río San Juan.
Tras consultas de LA PRENSA, la cancillería costarricense indicó que en cumplimiento del fallo del 15 de diciembre del año anterior de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el proceso de cobro “se encuentra en un estado muy avanzado por lo que se espera tenerlo listo a fines de este mes o a inicios del entrante, momento en el cual los resultados serán presentados a Nicaragua”.
Casi seis meses después del fallo en el que la CIJ otorgó soberanía sobre el humedal fronterizo de 2.6 kilómetros de extensión que Nicaragua le reclamaba desde 2010, el mismo sobre el cual Edén pastora y su cuadrilla que draga el río San Juan abrió un caño en 2010 y otros dos en 2013; el gobierno tico está en la parte final técnica y legal de los cálculos.
La Corte dio un año desde el momento de la sentencia para que los dos países se pongan de acuerdo en el costo del daño ambiental que Nicaragua debe pagarle a Costa Rica. De lo contrario, el estado costarricense deberá acudir de nuevo al máximo tribunal para realizar el cobro.
Según la cancillería costarricense, “se viene trabajando desde inicios del presente año con funcionarios del Sinac (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) del Área de Tortuguero (Caribe tico), del Ministerio de Seguridad y de la Comisión Nacional de Emergencias en la recopilación de la información, así como con la Fundación (no estatal) Neotrópica, la cual está elaborando el análisis económico del daño ambiental”.
El propio canciller, Manuel González, dijo en abril que el reclamo es un tema técnico, no solamente jurídico. Para iniciar la discusión jurídica con Nicaragua hay que tener el fundamento técnico de lo que vamos ir a reclamar”.
“Esto involucra no solo la demostración efectiva de los gastos en los que el gobierno de Costa Rica incurrió para atender el daño ambiental, no el costo de los litigios porque eso no fue concedido en ninguna de las partes, sino el daño ambiental, el costo efectivo, la inversión efectiva por parte de varias autoridades es tal vez lo más sencillo y lo tenemos prácticamente listo”, explicó el diplomático.
“Lo que más cuesta y es la parte más técnica de este reclamo es el costo del daño ambiental, por ejemplo cuánto cuesta y cuanto tiene que ser la compensación que debe darse por la tala de un árbol que tiene 200 años y que estaba ahí localizado. Y no fue un árbol el cortado, fueron varios; eso no lo hace la cancillería ni es un papel jurídico, es un argumento técnico”, añadió González.
