Chile destinará «contribuciones voluntarias» para ayudar a evitar la paralización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afectada por una crisis financiera, informó este 30 de mayo la Cancillería en Santiago.
El país sudamericano impulsará junto a sus vecinos iniciativas destinadas a «encontrar fórmulas que permitan a la CIDH resolver esta situación financiera», calificada de «extrema» por el organismo, señaló el canciller chileno, Heraldo Muñoz.
El comunicado difundido por la Cancillería se limita a anunciar su disposición a emitir «para este año contribuciones voluntarias» de apoyo a la CIDH, sin dar detalles de los montos comprometidos.
El quiebre financiero de la Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), pone en la cuerda floja a 40% de su personal, cuyos contratos vencen a finales de julio, sin recursos para renovarlos.
Asimismo, el organismo defensor de los derechos humanos en la región deberá suspender visitas a los países previstas para julio y octubre.
La OEA destina el 6 por ciento de su presupuesto a la CIDH.
Entre el 6 y el 10 de junio, Chile será el anfitrión de un periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, instancia confirmada por la Cancillería en Santiago.
La declaración de Chile sigue la línea de la formulada el pasado 27 de mayo en Montevideo por Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y el gobierno de Michelle Bachelet en el que reafirmaron su compromiso con la CIDH.
En esa reunión de autoridades de Derechos Humanos del Mercosur y Estados Asociados se comprometió «aunar esfuerzos y trabajos en los diferentes espacios y foros en materia de derechos humanos en los que participen a fin de facilitar su adecuado funcionamiento».
Chile es país asociado en el Mercado Común del Sur (Mercosur), formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.