Nueve directores y supervisores de escuelas de educación básica del estado mexicano de Chiapas fueron rapados y obligados a caminar descalzos por las calles de la cuidad de Comitán por no apoyar el paro de labores iniciado hace dos semanas por los maestros en rechazo a la reforma educativa.
Detrás de la agresión están miembros de la Organización Proletaria Emiliano Zapata, quienes los interceptaron cuando se dirigían a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Tuxtla Gutiérrez, capital de este estado del sureste de México, para entregar documentos de los docentes que se han sumando al paro.
Un grupo rapó a los directivos y los obligó a caminar portando carteles con mensajes como: “Somos traidores a la patria”, “Soy maestro de sueldo doble” o “Nos pelonearon (raparon) por traidores”.
JUSTIFICAN
Manuel Mendoza, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), justificó la agresión en un estado como Chiapas, donde el 98 por ciento de docentes “estamos en paro indefinido”.
Un pequeño sector, al seguir trabajando, pone “en una situación difícil a los niños y a las escuelas”, una situación que ha “exacerbado los ánimos de los padres de familia”, dijo Mendoza.
Esto, advirtió, “debe ser una señal para aquellos maestros que todavía no han entendido que en este país la educación pública se defiende en la lucha permanente ante la política neoliberal del régimen”.
La secretaria de Educación de Chiapas, Sonia Rincón, condenó la agresión, dijo que se están presentando las denuncias correspondientes y señaló que entre los maestros que quieren trabajar hay temor por este tipo de actos.
El CNTE, uno de los más poderosos del país con cerca de 200,000 afiliados, instaló un plantón el 15 de mayo en la capital de México y anunció una huelga indefinida en rechazo a la reforma educativa promulgada en 2013, y la cancelación de medidas como la evaluación docente.
La Presidencia dijo el viernes en un comunicado que “está abierta al diálogo”, pero solo cuando “los líderes de la CNTE” acepten la reforma y éste busque “explorar mecanismos para acelerar” su implementación en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
