Desde hace un mes y dos días la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional mantiene retenida la iniciativa de Ley Especial para Dignificar a los Servidores Públicos, presentada por diputados opositores, provocando así que la propuesta tenga el curso establecido para que las leyes sean aprobadas.
La propuesta de Ley Especial para Dignificar a los Servidores Públicos la introdujeron el 28 de abril pasado el diputado propietario del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, y la diputada suplente Silvia Nadine Gutiérrez. Pero la iniciativa de ley no ha salido de la Primera Secretaría, cargo que ocupa la sandinista Alba Palacios.
Tinoco y Gutiérrez son aliados de la bancada opositora del Partido Liberal Independiente (PLI).
De lo que plantean en esta propuesta de ley es que a los empleados estatales no se les obligue a inscribirse como militantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como condición para conservar su puesto de trabajo. Busca prohibir además que a los trabajadores estatales se les quite el tres por ciento de sus salarios para el “aporte” obligatorio a los sindicatos oficialistas, así como que no se “les amenace” con despedirlos si no participan en actividades partidarias.
FRENADA
La diputada Gutiérrez explicó que en este tiempo la propuesta de ley debió ser enviada a la Junta Directiva de la Asamblea, para que a su vez la incluyera en la agenda de discusión en el plenario para que fuese remitida a la Comisión de Asuntos Laborales.
Gutiérrez refirió que el trámite a cumplir por la iniciativa de ley es que en la Comisión Laboral se realiza el proceso de consulta con diferentes, sectores a fin de tener su dictamen de parte de los diputados miembros y luego se le devuelve al plenario para que la apruebe.
“Si fue aceptada, no nos la regresaron de la Primera Secretaría, como ha ocurrido en otras ocasiones con otras leyes”, afirmó la legisladora suplente.
Ante el atraso del proceso de formación de la Ley de Dignificación de los Servidores Públicos, Gutiérrez anunció que junto con el legislador Tinoco presentarán una carta a la primera secretaria de la Asamblea, la sandinista Palacios, para que “impulse el proceso parlamentario”.
“Creemos que una de las cosas por la que no le han dado trámite es porque establece mecanismos para controlar a los servidores del Estado, porque lo que queremos con la ley es que se les respete sus derechos y tenga la libertad cada trabajador del Estado de poder decir ‘mi obligación es estar en mi puesto de trabajo y no andar en actividades partidarias”, refirió la legisladora Gutiérrez.
CONTRARRELOJ
La legisladora Gutiérrez explicó que el trámite a la propuesta de ley debe ser en junio, antes del receso parlamentario de medio año de los diputados.
“Estamos midiendo los tiempos para que quede en esta agenda legislativa y no para el período después de vacaciones, porque entramos a un proceso de elecciones (generales) y creemos que la dejarían dormir”, expresó Gutiérrez.
Por ello, la carta pidiendo que se tramite a fin de que se incluya en la agenda legislativa la iniciativa, iría respaldada por sus aliados del PLI, a través del presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Alberto Lacayo.
“Sentimos que no hay una voluntad real de respetarle sus derechos íntegros a sus trabajadores”, dijo la diputada suplente Gutiérrez.
Lacayo prometió su respaldo a la presión para que se apruebe la Ley de Dignificación de los Servidores Públicos, aunque teme que ante el control de mayoría que tienen los sandinistas en la Asamblea también quede engavetada como otras propuestas de incidencia laboral presentadas por la oposición.
“Hay que empujarla para que no le pase lo de la Ley del Primer Empleo, que se pasó un año engavetada en la Primera Secretaría”, dijo Lacayo.
Mencionó que a pesar de que la Ley del Primer Empleo está en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, ahí tampoco se le ha dado trámite. El presidente de esa comisión también es un sandinista: Wálmaro Gutiérrez.
El presidente de la Comisión Laboral criticó que sea “una práctica del orteguismo engavetar los proyectos de ley que vienen a beneficiar a la población, en aras de combatir la corrupción”.
Otro ejemplo de las iniciativas de ley que han sido bloqueadas por los sandinistas en la Asamblea es la Ley de Tercerización, que está desde el 2010.
Lacayo explicó que esa propuesta es respaldada por los sindicatos, incluidos los de tendencia sandinista, pero “no le han hecho la suficiente presión para que sea aprobada, a pesar de que es una ley que viene a proteger los derechos de los empleados en las empresas que brindan servicios tercerizados”.
RESPETO A EMPLEADOS
Entre las prohibiciones que plantea la propuesta de la Ley Especial para Dignificar a los Servidores Públicos está que “en los procesos de contratación de personal para el servicio público o para el ingreso en el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional está preguntar al interesado sobre su afiliación o simpatía política, sindical o religiosa”.
También se plantea que a ningún trabajador estatal, policía o militar, se le podrá despedir o dar de baja “por negarse a participar en un acto político, proselitista o partidario”.
Además se propone sancionar “con la pérdida inmediata de su cargo y no poder ejercer la función pública por cinco años” al funcionario o autoridades institucionales, policiales o militares que contravengan lo dispuesto en la ley.
27,921 DESPEDIDOS CON ORTEGA
Durante los nueve años del gobierno de Daniel Ortega se ha despedido a 27,921 trabajadores estatales, la mayoría sin justificación legal, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), que presentó un informe a inicios de mayo a la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional. En la propuesta de Ley Especial para Dignificar a los Servidores Públicos se denuncia la “la instrumentalización de varios poderes del Estado, entre otros el poder electoral y el poder judicial, para fines político-partidarios”.
