Aún después de la reforma constitucional orteguista de 2014, que le atribuye al Estado “ideales socialistas” (artículo 4), la Constitución de Nicaragua establece en su artículo 5 que las diferentes formas de propiedad, incluyendo la privada, “deberán ser garantizadas y estimuladas sin discriminación para producir riquezas y todas ellas dentro de su libre funcionamiento deberán cumplir una función social”. Y más expresamente, en su artículo 44 “garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción”.
Sin embargo, bajo el régimen orteguista ocurre con las garantías constitucionales de la propiedad lo mismo que con las de derechos humanos y de las libertades civiles. O sea que el régimen orteguista solo protege la propiedad de la familia gobernante y sus asociados y aliados. En cambio, la propiedad de los demás únicamente la garantiza cuando es de su conveniencia económica y política.
La Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), denunció el martes de esta semana que las invasiones de propiedades privadas se han incrementado últimamente en diferentes partes del país. Y lamentó que, por falta de apoyo policial y judicial, se ha llegado a la situación extrema de que algunos dueños de fincas invadidas se han visto obligados a defender sus propiedades y sus vidas, inclusive a balazos.
Hablando en representación de Faganic ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el productor Álvaro Vargas denunció que no tienen “apoyo de la Policía ni del sistema judicial en defensa de la propiedad privada y, si no tenemos defensa de la propiedad privada –enfatizó—, esto trasciende a problemas de heridos y muertos”.
Han pasado más de 26 años desde que terminó la revolución sandinista de orientación socialista, que quebrantó el derecho de propiedad privada y dejó la secuela de la piñata sandinista, mediante la cual algunos dirigentes antiguamente revolucionarios se convirtieron en opulentos propietarios y empresarios. El mismo Daniel Ortega es ahora un acaudalado oligarca y en la cúpula de su partido político predominan grandes capitalistas.
El FSLN se define en su declaración de principios y programática como un partido socialista y dice que sus militantes poseen “mística revolucionaria”. Pero también asegura que “respalda la propiedad privada de los grandes y medianos productores y de miles de pequeños propietarios que, con su actividad empresarial, aportan su esfuerzo al desarrollo económico del país”.
Sin embargo, como demuestran las denuncias de Faganic y muchos otros casos que han venido ocurriendo a lo largo de los últimos años, el gobierno del FSLN solo defiende celosamente la propiedad privada de los orteguistas y sus aliados. Los demás propietarios tienen que defender su patrimonio ellos mismos, a como puedan. Como es el caso del finquero chinandegano Juan Ernesto Venerio, quien se encuentra en la cárcel porque mató a dos personas al tratar de impedir que sus tierras fueran ocupadas violentamente.
